Los fiscales generales de 14 estados de EE.UU. presentaron el pasado jueves 13 de febrero, una demanda federal contra el presidente Donald Trump y el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, argumentando que las medidas adoptadas por el dueño de SpaceX y Tesla para recortar el gasto gubernamental son inconstitucionales y solo pueden ser tomadas por un funcionario nominado y confirmado por el Senado.
«El poder aparentemente ilimitado y sin control de Musk para despojar al Gobierno de su fuerza laboral y eliminar departamentos enteros con un plumazo, o un clic de ‘mouse’, habría sido impactante para quienes ganaron la independencia de este país», reza la denuncia presentada en un tribunal federal en Washington D.C.
La coalición, encabezada por el estado de Nuevo México, sostiene que la designación «sin una supervisión significativa» de Musk supone una «amenaza» y es «contraria a toda la estructura constitucional de la nación» al imcumplir con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución, que exige que los nombramientos presidenciales de alto nivel sean examinados y confirmados por el Congreso.
Con esta medida, los estados —Arizona, Míchigan, California, Connecticut, Hawái, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nevada, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington, además de Nuevo México— piden al tribunal que prohíba a Musk y a su equipo del DOGE tomar acciones para evitar que realicen cambios en el desembolso de fondos públicos, contratos gubernamentales, regulaciones o personal, así como recibir acceso o alterar los sistemas de datos.
«Magnate tecnológico del siglo XXI«
Además, han pedido que la corte ordene al jefe del DOGE identificar las formas en que «se utilizaron los datos obtenidos a través del acceso ilegal de la agencia» y destruir «dicho acceso no autorizado».
«Nuestro orden constitucional fue fundado en parte para protegernos contra la acumulación de poder estatal en manos de un solo individuo, y si bien esa construcción se centró primero en el abuso de poder de un monarca del siglo XVIII, no es menos peligrosa en manos de un magnate tecnológico del siglo XXI», denuncian.
El fiscal general de Arizona, Kris Mayes, lamentó que los fundadores del país «estarían indignados de que 250 años después de que nuestra nación derrocara a un rey, la gente de este país, muchos de los cuales han luchado y muerto para proteger nuestras libertades, ahora estén sujetos a los caprichos de un solo multimillonario no elegido«.
