El Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en la ciudad de Cartagena el 26 de septiembre de 2016, se convirtió en el símbolo de la esperanza del país para superar más de 50 años de conflicto armado. Este acuerdo fue el resultado de cerca de 4 años de negociaciones entre el gobierno nacional y el Secretariado de las FARC-EP en La Habana – Cuba. Desde el inicio de las conversaciones un importante sector de la sociedad colombiana se suscitaron varias controversias sobre sus resultados.
A nueve años de este histórico acuerdo, es importante reflexionar sobre los logros, los desafíos y el camino por recorrer en la búsqueda de una paz duradera.
El 26 de septiembre de 2016, Colombia dio un paso monumental hacia la paz con la firma del acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, un grupo guerrillero que había estado en conflicto armado durante más de cinco décadas. El acuerdo de paz firmado en Cartagena es un hito significativo en la historia del país, debido a que fue el intento más concreto para avanzar en la construcción de una paz duradera.
Una guerra sin cuartel
El surgimiento de la guerrilla de las FARC-EP a mediados del siglo XX, agudizó el conflicto armado provocado por problemas estructurales como, la desigualdad social, la exclusión política y la vulneración sistemática de los derechos fundamentales.
El auge de la confrontación armada se dio entre los años 80 y la primera década de los años 2.000, cuando la lucha armada como mecanismo para la llegada al poder de esta guerrilla ocasionó la respuesta del gobierno colombiano, que incluyó múltiples operaciones militares y diversas políticas de seguridad, y el surgimiento de grupos paramilitares.
La intensa y cruel dinámica de la guerra devino en una grave crisis humanitaria en la que hoy en día se cuentan más de nueve millones de víctimas, que incluyen más de cien mil desaparecidos, cerca de ochocientos mil asesinados y más de seis mil ejecuciones extrajudiciales, entre otros hechos relacionados con el conflicto armado, como el secuestro, el confinamiento de comunidades y el despojo de tierras.
Los intentos previos
La búsqueda de la paz con los grupos armados tuvo su punto más alto a finales de la década de los años 80, cuando se materializaron las negociaciones de paz con las guerrillas del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame, teniendo representación en la asamblea nacional constituyente de 1991. No obstante, estos vientos de paz no fueron bien recibidos por otros grupos como las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que persistieron en la búsqueda del poder político mediante la lucha armada.
Desde la promulgación de la constitución de 1991, todos los presidentes iniciaron procesos de paz con estas guerrillas que continuaban desarrollando sus actividades en diferentes zonas del país, pero sin conseguir los resultados esperados.
Fueron las negociaciones que comenzaron formalmente en 2012 y terminaron en 2016 en La Habana, Cuba, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos en las que se estableció y concertó una agenda de negociación en la que las partes se acordaron el desarrollo en seis puntos clave, la reforma agraria, la participación política, la solución al problema de las drogas, la reparación a las víctimas, la desmovilización de los guerrilleros y la refrendación del acuerdo.
Con las negociaciones terminadas, el mejor acuerdo posible (en palabras del jefe negociador del gobierno nacional Humberto de la Calle) revisado y aprobado por ambas partes, se pusieron cita en la ciudad de Cartagena el 26 de septiembre de 2016, para ratificar la firma del acuerdo. Así, abriendo las puertas de la paz, con baligrafo (esfero hecho con una bala de fusil) en mano y con el acompañamiento de diversas delegaciones de gobiernos que apoyaron el proceso se firmó el Acuerdo para la Terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera. Como le registra el siguiente fragmento conservado por Señal Memoria.
El país que no quiso la paz
El acuerdo firmado en Cartagena fijó la necesidad de refrendar lo acordado por parte de la ciudadanía. En un plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016, el acuerdo propuesto por el gobierno fue rechazado por un estrecho margen de cerca de cincuenta mil votos, lo que generó incertidumbre. Sin embargo, el gobierno y las FARC continuaron trabajando para ajustar el acuerdo contando con la participación de los sectores opositores al acuerdo representados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Desde ese momento, el acuerdo de paz que contó con el apoyo decidido del gobierno nacional y de la comunidad internacional, al punto que el entonces presidente Santos fue galardonado con el Premio Nobel de Paz, empezó a sentir los embates de un fuerte sector de la sociedad colombiana que consideraban que el acuerdo no tenía los elementos suficientes para establecer las condiciones de una paz, hasta que fueran incluidas las modificaciones que consideraban cruciales para sentirse incluidos en el acuerdo.
Finalmente, se firmó un nuevo pacto en noviembre de 2016, en el teatro Colón de Bogotá que fue aprobado por el Congreso como representante de la voluntad popular. Situación que volvió a generar controversias en un sector de la población que continuaba resistiéndose a las condiciones del acuerdo, pero que desató la movilización ciudadana para apoyar la legitimidad del acuerdo.
Implementación y desafíos
La implementación del acuerdo ha enfrentado numerosos desafíos entre los que se destacan, en primer lugar, el surgimiento de grupos armados ilegales entre los que se destacan, los disidentes de la antigua guerrilla de las FARC-EP y bandas criminales que buscaron mantener el control territorial y algunas economías ilegales que alimentaban el conflicto armado.
En segundo lugar, la violencia sistemática contra líderes sociales que defendieron tanto la implementación del acuerdo como los derechos vulnerados a la población civil en el marco del conflicto armado.
Y por último, la lenta ejecución de los programas de desarrollo contemplados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las dificultades para avanzar en reforma agraria y los limitados resultados en materia de justicia restaurativa por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El proceso de paz es una oportunidad para el país, la consolidación de escenarios de paz parte del fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto armado, la garantía y respeto por los derechos humanos de la población civil, y el fomento iniciativas que promuevan la convivencia y la reconciliación entre las comunidades afectadas por el conflicto.
A manera de conclusión, el acuerdo de paz de 2016 representa un esfuerzo por resolver un conflicto prolongado y complejo. Aunque su implementación ha sido complicada, el acuerdo ha sentado las bases para un diálogo más amplio sobre la paz y la reconciliación en Colombia.
Te invitamos a leer también: Colombia defiende a Venezuela: no le hará el juego a Estados Unidos
