En medio de la peor ola de violencia desde el golpe de estado contra el expresidente Bashar al Asad el pasado 8 de diciembre, las nuevas fuerzas de seguridad de Siria han ejecutado a sangre fría en los últimos tres días a cientos de civiles de la minoría alauita, a la que pertenece la familia del exmandatario, en las zonas costeras del país.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 568 civiles han muerto a manos de las fuerzas de Damasco desde el jueves, cuando grupos insurgentes leales a Al Asad atacaron a tropas de la nueva administración en la provincia de Latakia, feudo de la familia Al Asad y de mayoría alauita.
El ataque desencadenó enfrentamientos a gran escala, en los que se ha utilizado todo tipo de armas pesadas, y que se han extendido a otras provincias como Tartús, también en la costa, y las demarcaciones administrativas centrales de Hama y Homs, donde han muerto más de 770 personas.
Ejecuciones sumarias
Sin embargo, poco más de 200 han sido los combatientes fallecidos en la ola de violencia, que ha tenido como principal objetivo a la población civil de la minoría alauita, que según el Observatorio ha sido víctima de «actos de venganza» por parte de los efectivos gubernamentales.
Vídeos que circulan en redes sociales, muchos de ellos verificados por el Observatorio y grupos de activistas, muestran a las nuevas fuerzas sirias y a grupos armados aliados disparando a quemarropa contra civiles desarmados y realizando «ejecuciones a sangre fría».
Ante esta situación y la «masacre» de ciudadanos, entre ellos mujeres y niños, la ONG hizo un llamado a la comunidad internacional «para que adopte medidas urgentes y envíe equipos internacionales especializados de investigación para documentar las graves violaciones que han afectado a los civiles».
Asimismo, pidió a las autoridades de Damasco que «exijan responsabilidades» a sus efectivos implicados en estas acciones, al considerar que «la impunidad alienta la repetición de crímenes en el futuro, lo que amenaza la estabilidad política y social en Siria tras la caída de Al Asad».
La Liga Árabe -que en su momento celebró el derrocamiento del expresidente de Siria Al Assad y celebró la llegada al poder de las nuevas autoridades, condenó en un comunicado los ataques contra las fuerzas de seguridad, pero también «los asesinatos incontrolados» que están teniendo lugar en las zonas costeras del país.
Gobierno promete investigar
Las nuevas fuerzas sirias están mayoritariamente compuestas por excombatientes de la ahora disuelta alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), la agrupación que lideró la ofensiva contra Al Asad y cuyas raíces proceden del Frente Al Nusra, la exfilial de Al Qaeda en Siria.
La nueva administración siria no ha reconocido explícitamente estos actos, aunque sí ha afirmado que tomará medidas legales y hará rendir cuentas a todo aquél que haya cometido «excesos» o «actos de venganza» contra la población civil durante las operaciones militares dirigidas a apagar los focos de insurgencia de los grupos leales a Al Asad.
Al Sharaa, quien lideró al frente de HTS la ofensiva contra Al Asad, ya pidió ayer a sus fuerzas que se abstuviesen de cometer actos de venganza durante los combates en la costa siria, en medio de los temores por el estallido de un nuevo conflicto sectario y sus repercusiones más allá de las fronteras del país.
De hecho, el grupo chií libanés Hizbulá -uno de los principales aliados de Al Asad junto a Irán hasta su derrocamiento- se desvinculó hoy totalmente de los acontecimientos en Siria.
Mientras tanto, países como Egipto y Turquía han insistido en la necesidad de iniciar un proceso político en Siria que incluya a todas las comunidades religiosas y etnias, en un momento de máxima tensión exacerbada por las heridas aún abiertas en la guerra civil que asoló el país árabe en los últimos 13 años.
