En la 43° edición de la conferencia CERAWeek en Houston, la dirigente de extrema derecha, María Corina Machado, presentó una propuesta de reforma energética que ha generado controversia.
Esta reforma, que busca permitir la participación de empresas extranjeras en el sector energético de Venezuela y la privatización de la industria petrolera, ha sido criticada por el gobierno, que la considera un peligro para la soberanía nacional sobre sus recursos naturales.
¿En qué consiste la propuesta de la opositora?
- Reducción del tamaño de PDVSA: La reforma plantea disminuir el tamaño de la petrolera estatal PDVSA. Esto significa que la empresa perdería control sobre buena parte de sus operaciones.
- Apertura a empresas extranjeras: Se permitiría que empresas internacionales inviertan en los campos de petróleo y gas de Venezuela. Un punto que contradice su reciente celebración sobre la salida de Chevron, petrolera estadounidense.
- Licitación privada de activos: Los activos de PDVSA, como refinerías y campos petroleros, serían subastados a empresas extranjeras.
- Condiciones más atractivas para las petroleras: La reforma también permitiría a los socios actuales de PDVSA cambiar sus contratos por condiciones más favorables, lo que podría significar menores ingresos para el Estado venezolano, ya que se reduciría la parte que recibiría por la explotación de estos recursos.
- Normas internacionales de protección de inversiones: La reforma incluiría normas internacionales que protegen las inversiones extranjeras, lo que podría dificultar que Venezuela recupere el control de sus recursos si hay disputas con las empresas internacionales.
Respuesta de Venezuela
El gobierno venezolano rechazó esta propuesta. El canciller Yván Gil calificó la reforma como un “intento desesperado” de entregar la soberanía de Venezuela a intereses extranjeros. Asegura que esta reforma no beneficia al pueblo venezolano, sino a las grandes empresas extranjeras, y afirmó que el objetivo de la oposición es congraciarse con potencias extranjeras en lugar de defender los intereses de Venezuela.
Gil señaló que la soberanía energética es un pilar fundamental para la independencia económica de Venezuela. Por lo tanto, cualquier reforma en el sector debe garantizar que los recursos del país se manejen de forma que beneficien a la nación y no a actores externos.
