Este domingo 30 de marzo, el presidente de EEUU, Donald Trump, notificó la revocación de los permisos a las petroleras que operan en Venezuela, por lo que deberán liquidar sus compromisos comerciales con el país suramericano antes de finales de mayo.
No obstante, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, señaló que su gobierno mantendrá su compromiso con el cumplimiento de los contratos con estas empresas.
«El motor hidrocarburos está activado y el Plan de Independencia Productiva Absoluta ordenado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, sigue su curso y permanecerá abierto a todas las inversiones nacionales e internacionales para el desarrollo de este sector estratégico», manifestó Rodríguez a través de un comunicado.
Tracendió a través de los medios que las petroleras afectadas por esta medidas, son Repsol (España), junto a Global Oil Terminals (EEUU), Eni (Italia), Maurel & Prom (Francia) y Reliance Industries (India).
El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, reaccionó diciendo que el gobierno de Madrid «defenderá los intereses de Repsol y de cualquier empresa española«.
La francesa Maurel & Prom (M&P), informó este lunes que se encuentra evaluando con sus abogados las implicaciones de esta decisión del gobierno estadounidense. Por su parte, Eni, confirmó que ya no podrá seguir recibiendo pagos de PDVSA por su producción de gas en Venezuela, debido a la nueva medida promovida por Washington.
¿Funciona la estrategia de máxima presión contra Venezuela?
El economista Luis Vicente León, señaló en X que es «absurdo pensar que las sanciones no afectan al pueblo. En un país petrolero, es imposible restringir la producción y venta de petróleo sin afectar la economía y la gente«, manifestó.
«No hace falta ser demasiado perspicaz para comprender que quienes llaman a más sanciones están, en el fondo, diciéndole a la población: “Sufre las consecuencias de nuestra incapacidad para generar un cambio político”, concluyó el también presidente de la encuestadora Datanálisis.
Esta medida se suma al arancel del 25% anunciado la pasada semana por Trump, a aquellos países que comercialicen con el petróleo y el gas venezolano.
