La Fiscalía de Corea del Sur anunció este jueves que el presidente cesado recientemente, Yoon Suk Yeol, ha sido imputado por abuso de poder y obstrucción del ejercicio de sus derechos, en el marco del caso que tiene abierto por la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.
La reciente imputación se produce en momentos en que Yoon enfrenta un juicio por insurrección, debido a la declaración de ley marcial el 3 de diciembre pasado, que buscó suspender el mando civil en Corea del Sur.
El Ejército fue enviado al Parlamento tras el decreto, pero esta orden duró solo seis horas y fue derogada por los legisladores de oposición, quienes escalaron las cercas para acceder al edificio. Una vez adentro votaron para destituir a Yoon debido a la declaración de ley marcial.
«Hemos procedido con el juicio por (la insurrección) mientras avanzan las investigaciones suplementarias de abuso de poder que llevaron a esta nueva imputación», escribió la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía imputó a Yoon en enero, cuando aún era presidente, como «líder de una insurrección»; un cargo por el cual no está protegido por la inmunidad presidencial.
Imposición de la ley marcial en diciembre de 2024
En diciembre de 2024, el presidente surcoreano declaró inesperadamente dicha disposición, que tuvo que retirar horas después debido al malestar y rechazo que provocó en su población.
El mandatario declaró la ley marcial en un intento de «aplastar a las fuerzas antiestatales» que, según él, estaban causando estragos en el país. Esta medida extrema desencadenó el despliegue de tropas y policías en el Parlamento, lo que generó una gran tensión y preocupación entre la población.
La oposición política de Corea del Sur se opuso inmediatamente a la declaración de Yoon, calificándola de ilegal e inconstitucional. El líder del principal partido de oposición, Lee Jae-myung, pidió a sus diputados que se reunieran en el Parlamento para votar en contra de la declaración y también llamó a los ciudadanos a protestar. Cientos de personas se reunieron frente al Parlamento, fuertemente custodiado, y gritaron consignas en contra de la ley marcial.
Finalmente, el Parlamento de Corea del Sur, con 190 de sus 300 miembros presentes, declaró inválida la decisión de Yoon. Esta medida demostró la fuerte oposición a la declaración de ley marcial y la determinación de los legisladores de proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos.
Investigación por sobornos
Las autoridades allanaron la residencia privada de Yoon como parte de una investigación sobre sobornos por denuncias que incluyen a su esposa, Kim Keon Hee, y un chamán acusado de recibir obsequios costosos de parte de la ex primera dama.
De ser condenado por insurrección, Yoon podría ser sentenciado a cadena perpetua o a muerte, aunque Corea del Sur mantiene desde 1997 una moratoria no oficial a las ejecuciones.
Por otra parte y dentro de este contexto, el país celebrará elecciones anticipadas el 3 de junio para escoger al sucesor de Yoon.
