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Perú decreta toque de queda en región minera tras asesinato de 13 trabajadores

Gobierno peruano despliega fuerzas armadas y policía en distrito minero bajo emergencia por violencia y crimen organizado

El gobierno de Perú decretó este lunes un toque de queda en el distrito minero de Pataz, región de La Libertad, tras el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores vinculados a la minera Poderosa.

Las víctimas, empleados de una empresa contratista, fueron encontradas sin vida en un socavón días después de denunciarse su secuestro en la zona.

La mandataria de Perú, Dina Boluarte, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control total del área y se instalará una base militar para garantizar la seguridad.

Además, la actividad minera en la provincia de Pataz, que cuenta con aproximadamente 88.000 habitantes, quedará suspendida durante 30 días prorrogables para facilitar la instalación de los organismos de seguridad en el perímetro, reseñó Globovisión.

Boluarte subrayó que estas medidas buscan enfrentar el crimen organizado vinculado a la minería ilegal, cuyo impacto económico y social supera incluso al del narcotráfico.

“Todos sabemos que la actividad ilegal de nuestra minería mueve millones y millones, muchos más que los millones que mueve el narcotráfico. Tenemos que darle batalla y ganar esta guerra”.

Dina Boluarte

La minería es un pilar clave de la economía peruana, siendo el país uno de los mayores productores de oro en América Latina.

Sin embargo, Pataz, ubicada a unos 900 kilómetros de Lima, enfrenta una escalada de violencia desde febrero de 2024 debido a la fiebre del oro.

Según fuentes empresariales, desde 2022 han sido asesinados 39 colaboradores de la minera, mineros artesanales y sus trabajadores a manos de bandas criminales que intentan controlar la zona.

Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones sospechosas por 8.241 millones de dólares provenientes de la minería ilegal, lo que refleja la magnitud del desafío para las autoridades.

La decisión de suspender la actividad minera y militarizar la zona pone en evidencia la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa el país, donde la violencia y la extorsión han obligado a decretar estados de emergencia en varias regiones.

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