Desde que el presidente Donald Trump asumió el poder el 20 de enero, en Estados Unidos han fallecido nueve migrantes bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según declaró el miércoles Todd Lyons, director interino de dicha agencia.
A su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano prometió una deportación masiva de inmigrantes en situaciones irregulares, a los que cataloga como «criminales» por haber ingresado de manera ilegal a Estados Unidos.
El Gobierno estadunidense plantea centrarse en aquellos con historial criminal, en pandilleros y narcotraficantes; sin embargo, los abogados de algunos detenidos o expulsados, así como las organizaciones de defensa de los derechos humanos, lo acusan de detenciones indiscriminadas fundamentadas a veces únicamente en tatuajes.
El pasado miércoles, durante una reunión de la comisión de presupuestos de la Cámara de Representantes del Congreso, Lyons sostuvo que ICE «prioriza lo peor de lo peor«, aunque los demócratas lo cuestionaron.
Según la entidad, se enfoca en migrantes que «en su mayoría no representan absolutamente ninguna amenaza para el público, estudiantes con tarjetas verdes (de residencia) y visas» e individuos «con estatus legal sin antecedentes penales».
«Llevamos a cabo una investigación exhaustiva«, resaltando los casos bajo la responsabilidad de la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE y las jurisdicciones locales, afirmó.
En su intervención, el director interino afirmó que «ICE tiene algunos de los estándares de detención más altos».
Por su parte, ICE subcontrata a empresas privadas para el alojamiento de migrantes y servicios como el transporte, la asistencia sanitaria o la alimentación, lo que provoca controversia debido a sus millonarias ganancias y las condiciones de detención.
