Los grupos del crimen organizado en África se han insertado en las cadenas de suministro de oro a tal grado que ahora representan «una seria amenaza global», advirtió un nuevo informe de la ONU que se centró en los delitos relacionados con la minería ilegal.
En dicho informe conocido, como “Análisis global sobre delitos que afectan al medio ambiente”, se describieron todas las actividades que ocurren a lo largo de la cadena de suministros de metales y minerales, desde la exploración hasta la comercialización y fabricación final.
El informe anunció que la minería ilegal es un fenómeno que causa graves daños ambientales y humanos e implica una variedad de prácticas ilegales en diferentes etapas de la cadena de suministro. También, explica cómo los ingresos provenientes de la extracción ilegal a menudo financian otras actividades ilegales, creando un ciclo de explotación y dependencia, estos delitos impulsan otras actividades delictivas, como la trata de personas, el trabajo forzoso.
La minería ilegal de oro, de metales preciosos y de minerales que promueven la energía renovable, es una industria altamente rentable, especialmente desde la crisis financiera de 2008, cuando los precios del oro se dispararon.
Las ganancias de la minería ilegal de oro, también socavan la estabilidad política y económica en los países ricos en recursos, no solo al privar a las sociedades del pago de impuestos y al no canalizar los beneficios hacia bienes públicos, sino también al fomentar la corrupción, debilitar la gobernanza y apoyar conflictos violentos.
Los grupos del crimen organizado con motivaciones políticas están motivados por el lucro, al igual que otros grupos delictivos organizados (GCO), pero el dinero generalmente financia sus actividades para mantener territorio y desafiar a los gobiernos, como en la actualidad se ve en la República Democrática del Congo y el desafío violento del grupo rebelde M23, por el control de las zonas mineras.
El uso no autorizado de sustancias químicas tóxicas y la ocupación ilegal de territorios, han generado que diversos grupos criminales en África se aprovechen de «la débil supervisión, las inconsistencias en la documentación y las lagunas regulatorias a lo largo de las rutas comerciales para agregar oro, coltán y cobalto de origen ilegal a las cadenas de suministro». Estas actividades ilegales de contrabando de minerales generan ganancias ilícitas y flujos financieros ilícitos (FFI).
No se puede obviar que, durante las fases de exploración y extracción, de minerales como el oro y el coltán en el África, se suelen provocar graves daños ambientales, como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento y la contaminación de los recursos hídricos, pero al mismo tiempo la contaminación del suelo y el aire causada por sustancias químicas como el mercurio y el cianuro, que a la vez es nocivo para la salud del ser humano.
Pero este rápido proceso de extracción de minerales en África es motivado por la demanda de energías renovables que necesitan las industrias tecnológicas en los países del norte global, como lo han señalado los gobiernos, que participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) celebrada en Dubái, donde además acordaron triplicar el uso de energías renovables para el 2030.
La necesidad de fabricar dispositivos electrónicos con el objetivo de descarbonizar el sector energético ha fomentado la demanda de minerales como el litio, el cobalto, el cobre y las tierras raras. Sin embargo, estas tecnologías requieren muchos más insumos de minerales que los sistemas basados en combustibles fósiles. Por ejemplo, un vehículo eléctrico requiere seis veces más insumos minerales que un automóvil convencional, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
