Organizaciones de derechos humanos en El Salvador denunciaron que al menos 415 personas han muerto bajo custodia estatal en cárceles durante los tres años del régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele. La cifra es un estimado basado en denuncias, ya que el Estado no ha proporcionado datos oficiales.
Desde marzo de 2022, el régimen ha permitido más de 85.900 detenciones, muchas de ellas sin debido proceso, afectando incluso a defensores de derechos humanos como la abogada Ruth López, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.
Según representantes de la ONG Tutela Legal «María Julia Hernández», esta política de seguridad ha derivado en violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo tortura, desapariciones forzadas y el uso del régimen como mecanismo de control social, no solo contra pandillas, sino contra cualquier disidencia.
El régimen suspende derechos constitucionales clave, como la defensa legal y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, y amplía la detención administrativa de 3 a 15 días.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) reporta más de 600 recursos de habeas corpus sin respuesta, y denuncia un clima de miedo generalizado y persecución. A pesar de las críticas, la Asamblea Legislativa dominada por el partido de gobierno se prepara para aprobar la prórroga número 39 del régimen.
