Kristi Noem enfrenta al Senado por deportaciones ilegales y justifica el veto pese a fallos judiciales.
Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que restringe o prohíbe completamente la entrada al país de ciudadanos de 19 naciones, alegando razones de seguridad nacional.
La medida entrará en vigor el 9 de junio y afecta a doce países con un veto total y a otros siete con restricciones parciales, alterando el otorgamiento de visas para turismo, negocios, estudios e inmigración.
🌍 Países Afectados
Prohibición Total de Entrada:
La orden ejecutiva prohíbe completamente la entrada a ciudadanos de los siguientes 12 países:
- Afganistán
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Haití
- Irán
- Libia
- Myanmar
- Somalia
- Sudán
- Yemen
Restricciones Parciales:
Además, se imponen restricciones parciales a ciudadanos de otros siete países:
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
- Venezuela

La administración argumenta que estos países presentan «deficiencias en sus sistemas de verificación», altas tasas de sobreestadía de visa, negativa a cooperar en repatriaciones, o son considerados “riesgos significativos para la seguridad nacional”.
Trump justificó la medida citando el reciente ataque en Boulder, Colorado, atribuido a un ciudadano egipcio que había excedido su visa. Aunque Egipto no está en la lista del veto, el mandatario lo usó como excusa para denunciar fallos en el sistema migratorio actual.
Durante una intervención pública, Trump afirmó: “No los queremos aquí”, refiriéndose a extranjeros que han violado los términos de su estadía o que, según él, no han sido debidamente investigados.
La Casa Blanca anunció que habrá excepciones para ciudadanos con doble nacionalidad, residentes legales permanentes, atletas, académicos y minorías religiosas perseguidas, aunque defensores de derechos humanos advierten que estas excepciones no compensan el daño general causado por la medida.
La nueva orden ejecutiva marca una continuidad en la política migratoria restrictiva impulsada por Trump desde su primer mandato, pero ahora con un marco legal más sólido tras el fallo favorable de la Corte Suprema en 2018 sobre el veto migratorio anterior.
No obstante, múltiples organizaciones ya preparan demandas legales para intentar frenar su implementación.
✅ Excepciones Contempladas
La orden ejecutiva establece algunas excepciones a las restricciones impuestas:
- Residentes permanentes legales en EE. UU.
- Personas con doble nacionalidad que utilicen pasaportes de países no vetados
- Atletas y entrenadores que participen en eventos deportivos internacionales
- Familiares directos de ciudadanos estadounidenses
La implementación de este veto migratorio ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones y gobiernos:
Organizaciones de Derechos Humanos calificaron la medida de «discriminatoria» y «cruel», argumentando que afecta desproporcionadamente a poblaciones vulnerables y no contribuye efectivamente a la seguridad nacional.
Por su parte, La Unión Africana expresó su preocupación por el impacto negativo en las relaciones diplomáticas y los intercambios educativos y culturales entre Estados Unidos y los países africanos afectados.
Mientras que algunos gobiernos, como el de Venezuela, han condenado la medida, considerándola una acción hostil que perjudica las relaciones bilaterales.
Noem en la mira del Senado

Recientemente, por el caso de las deportaciones masivas el Senado puso bajo escrutinio a Kristi Noem, actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien compareció el 20 de mayo ante el Comité de Seguridad Nacional de ese órgano.
Durante la audiencia, Noem fue cuestionada por casos polémicos como la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño erróneamente enviado a la prisión CECOT en El Salvador, a pesar de una orden judicial que exige su regreso.
Su desconocimiento sobre principios constitucionales también generó indignación. En respuesta a la senadora Maggie Hassan, Noem confundió el significado de “habeas corpus”, afirmando que se trataba de “un derecho del presidente para expulsar personas del país”, declaración que provocó duras críticas por parte de constitucionalistas y legisladores.
La nueva orden ejecutiva marca una continuidad en la política migratoria restrictiva impulsada por Trump desde su primer mandato, pero ahora con un marco legal más sólido tras el fallo favorable de la Corte Suprema en 2018 sobre el veto migratorio anterior.
No obstante, múltiples organizaciones ya preparan demandas legales para intentar frenar su implementación.