Desde Irán y en una sesión de emergencia convocada hoy por el OIEA en respuesta a recientes ataques israelíes, el Director General Rafael Grossi reiteró que “no se ha observado ningún daño adicional en la planta de enriquecimiento de Fordow ni en el reactor de Khondab”, y aseguró que la Agencia se mantiene en contacto con todos los inspectores en Irán para dar continuidad a las revisiones tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan.
Durante la reunión de urgencia, Grossi también alertó sobre los riesgos derivados de la escalada militar. “La tensión militar aumenta el riesgo de filtraciones nucleares radiológicas”, advirtió, señalando que las inspecciones continuarán una vez se garantice la seguridad del personal.
En paralelo, la Presidencia de Irán defendió su programa nuclear con firmeza. El presidente declaró: “Tenemos el derecho a la energía nuclear pacífica, nadie puede arrebatarle ese derecho a la nación iraní”.
Por su parte, Pezeshkian, alineado con las directrices del Líder Supremo, sostuvo que “Irán no busca armas nucleares”, reafirmando la orientación pacífica de su programa nuclear.
Irán también subrayó que cualquier ataque a sus instalaciones nucleares viola leyes internacionales y compromete el derecho a desarrollar energía con fines pacíficos, contemplado en el Tratado de No Proliferación Nuclear y respaldado por resoluciones del OIEA y de la ONU.
¿Por qué Israel al atacar instalaciones nucleares de Irán incurre en una violación del derecho internacional?.
El Artículo 56 del Protocolo I adicional de los Convenios de Ginebra (1977) prohíbe expresamente “hacer objetos de ataques las instalaciones eléctricas nucleares, incluso si fueran objetivos militares, si tal ataque pudiera causar la liberación de fuerzas peligrosas y pérdidas graves entre la población civil”.
El Artículo 15 del Protocolo II, aplicable a conflictos no internacionales, refuerza esta protección sin reservas
Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) considera estas instalaciones como objetos civiles con protección especial; atacarlas podría equivaler a un crimen de guerra si pone en peligro la población civil o el entorno .
Incluso si una instalación nuclear está vinculada (aunque sea indirectamente) a objetivos militares, el DIH (Derecho Internacional Humanitario) exige aplicar:
- Distinción: diferenciar claramente entre objetivos civiles y militares.
- Proporcionalidad: evitar ataques cuyo daño civil sea “excesivo en comparación con la ventaja militar concreta y directa anticipada”.
Estos principios prohíben impactos colaterales que derivan en liberación de radiación, contaminando zonas civiles y el medio ambiente.
Resoluciones del OIEA definen los ataques deliberados o amenazas contra instalaciones nucleares como violaciones al principio de la Carta de la ONU y el DIH. Textos posteriores del OIEA y el CICR han insistido en que tales agresiones “constituyen una violación” y deben tratarse como tales.
No es primera vez que Israel incurre en delito.
El caso Opération Opera (1981), donde Israel atacó el reactor Osirak en Irak, fue ampliamente condenado por la comunidad internacional y ejemplifica el rechazo general a ataques preventivos contra instalaciones nucleares pacíficas.
El 7 de junio de 1981, Israel lanzó un ataque aéreo preventivo contra el reactor nuclear Osirak en las afueras de Bagdad, alegando que Irak estaba cerca de desarrollar armas nucleares.
En aquella ocasión, Israel cargó con la condena casi unánime del Consejo de Seguridad de la ONU (Resolución 487):
“El ataque constituye una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.”
La resolución exigió que Israel no repitiera actos semejantes y reconoció el derecho soberano de Irak a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos.
