Guyana y Estados Unidos vuelven a atacar a Venezuela con argumentos sin fundamento, esta vez, aludiendo a un supuesto tráfico de oro en la frontera con la República Bolivariana.
“Hoy mismo, EE.UU. ha recordado a todos sus socios la grave amenaza que supone Venezuela en relación con el contrabando, y nosotros hemos recibido hoy ese aviso, y queremos que sepan que estamos dedicando enormes recursos a garantizar que la amenaza del contrabando ilícito de oro, que puede contribuir a dar poder o salvaguardar a fuerzas no democráticas, sea desarraigada con nuestra asociación», declaró el presidente de Guyana Irfaan Ali en su discurso con motivo de las celebraciones del 4 de julio en EE.UU. en la residencia de la embajadora de esa nación, Nicole Theriot.
Por su parte, Theriot reclacó la colaboración “codo a codo” entre Guyana y Estados Unidos en materia de seguridad, sobre todo la cooperación militar y de inteligencia.
“Nuestra asociación militar abarca la formación, los intercambios y las adquisiciones en ámbitos clave de la seguridad nacional, como el desarrollo conjunto de la capacidad de radar costero para la Guardia Costera de la GDF. La visión del GDF Shahoud navegando junto al portaaviones Normandy de la Marina estadounidense durante la visita del Secretario Rubio en marzo fue una clara prueba de la fortaleza de nuestra cooperación y del compromiso mutuo con nuestra seguridad compartida. Este año también hemos ampliado nuestra colaboración policial, con intercambios de conocimientos y actividades conjuntas en las que participan la policía de Nueva York, el FBI y la DEA, que trabajan codo con codo con la GDF, la GPF, la KANU y la SOCU” afirmó la embajadora estadounidense.
Atacar la minería como estrategia de asfixia
Este nuevo ataque tiene su origen y manufactura en medios internacionales que construyen la narrativa de ataques en la línea de facto en el río Cuyuní, desde supuestas hostilidades armadas en mayo de 2025 en la antesala de las elecciones regionales y legislativas en Venezuela, hasta el supuesto tráfico de oro en las zonas adyacentes.
La minería venezolana y especialmente la Compañía General de Minería de Venezuela C.A., Minerven, encargada de explorar, desarrollar y aprovechar el mineral aurífero en la República Bolivariana, han sido objeto de ataques directos y sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Su producción aurífera pasa entonces a las arcas del Banco Central de Venezuela por concepto de ventas y esto engrosa las reservas de la nación. Ambas entidades son estatales.
La administración Obama impuso a Venezuela más de 930 sanciones en 2015, encaminadas a mutilar su economía y su principal sector productivo, el petróleo. En marzo de 2019 y con el pretexto de cortar suministros al gobierno de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones sobre Minerven. En octubre de 2023 y luego de la firma de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno de Nicolás Maduro Moros y representantes de la oposición, esta misma entidad propició licencias para la minería de oro. Estas fueron revocadas una vez más en 2024 bajo petición de la opositora de extrema derecha María Corina Machado luego de ser inhabilitada de cargos públicos por autoridades judiciales de Venezuela.
La minería en Venezuela ha sido entonces usada como objetivo político y medio de extorsión desde los Estados Unidos contra la nación suramericana. Guyana ahora se une a este sistema de chantaje político dado que Minerven opera en el Arco Minero del Orinoco, especialmente en el estado Bolívar, territorio colindante con el estado Guayana Esequiba, territorio en controversia entre Guyana y Venezuela. La zona es rica en oro, bauxita, coltán, hierro, bauxita, manganeso, diamante y granito.
El oro: otra excusa de ataque contra Venezuela
El oro, en realidad, fue el elemento que zanjó el robo de la Guayana Esequiba en la era colonial cuando se descubrieron yacimientos en los márgenes del Cuyuní, en 1810 la economía de plantación vio su declive en el sector azucarero, cafetalero y algodonero. En 1857 comenzó la exploración y los índices de explotación minera vieron un alza progresiva hasta llegar a un máximo de 13.124 onzas en el año 1887. El Laudo Arbitral por el que se expolió la Guayana Esequiba a Venezuela y que funda toda la controversia que se mantiene hasta nuestros días, se firmó en 1899.
Actualmente, el sector de la minería enfrenta –y devela- problemas sistémicos y estructurales en Guyana. Uno de ellos es la alta tasa de minería en zonas de asentamientos indígenas que además, están sin demarcar. Varios pueblos amerindios, ubicados en la Guayana Esequiba (zonas 1, 7, 8 y 9) han denunciado la falta de titularidad de sus tierras ancestrales lo que los deja vulnerables a desalojos y atropellos de las compañías mineras y mineros artesanales de Guyana.
Por demás, el gobierno de Guyana (por lo promisorio del sector) ha hecho más expedito el otorgamiento de licencias mineras incluso sin el debido proceso de evaluar el impacto ambiental de la actividad. Todo esto ha venido por el prospecto de la minería del oro en dicha región.
Canadá es el socio de comercio y explotación aurífera más grande de Guyana. Varias empresas canadienses de extracción de oro participan activamente en el sector minero de Guyana. Entre ellas destacan Omai Gold Mines, G Mining Ventures, Aris Mining, Mako Mining y G2 Goldfields. Estas empresas explotan proyectos como Omai, Toroparu, Oko West, Eagle Mountain y Oko, respectivamente. Todas tienen licencias para explotar reservas estimadas en 15.5 millones de onzas de oro en la Guayana Esequiba.
Si bien el foco principal de la lucha de Venezuela es su derecho histórico sobre la Guayana Esequiba y el sostén de sus nexos culturales y tradicionales de larga data, también es la defensa de sus recursos naturales de los que Guyana se apropia en contubernio con los Estados Unidos. El petróleo que ExxonMobil y Guyana se apropian en el Bloque Stabroek es parte de este reclamo, pero también el oro que Guyana extrae ilícitamente de la franja continental del territorio en controversia.
La politización de estos recursos naturales, no son casualidad. Cuando en 2015 la administración Obama sancionaba el petróleo venezolano, la ExxonMobil descubrió las reservas de 11.7 billones de barriles de crudo en el Bloque Stabroek. El Acuerdo de Reparto de la Producción entre el Gobierno de Guyana y ExxonMobil se firmó en 2016. En los últimos 10 años, las sanciones han intentado mutilar progresivamente este sector en Venezuela mientras la política estadounidense ha llevado a una explotación progresiva del recurso en Guyana, hasta llegar a más de 650 000 barriles de crudo por día actualmente.
Este ataque por parte de Guyana y Estados Unidos “coincide” con un desarrollo acelerado del sector en Guyana no solo con las grandes empresas mineras. Durante el mes de mayo y junio, el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Vickram Bharrat, ha acelerado la asistencia para pequeños mineros auríferos en las denominadas regiones administrativas 1, 7, 8 y 9 por Guyana que conforman la Guayana Esequiba.
