El fiscal general de California, Rob Bonta, denunció que el Gobierno de Donald Trump infringió leyes federales de privacidad al entregar los datos de millones de personas que se encuentran inscritas en Medicaid a funcionarios encargados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Rob Bonta junto a otros 19 fiscales generales estatales, presentó una demanda contra esta acción.
De acuerdo con informes, asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., autorizaron la entrega de información médica confidencial de residentes en California, Illinois, Washington y Washington D.C. al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estos estados permiten que personas no ciudadanas se inscriban en programas de Medicaid financiados exclusivamente con fondos estatales.
Este intercambio poco común incluyó datos sensibles como nombres, direcciones, números de seguro social, estatus migratorio y detalles de reclamaciones médicas, entregados en un contexto de intensificación de las políticas migratorias. Expertos advierten que esta información podría ser utilizada para facilitar la localización de inmigrantes en campañas masivas de deportación.
Bonta sostuvo que esta divulgación viola la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y otras normativas federales de privacidad médica, rompiendo con décadas de políticas que protegen la confidencialidad de la información sanitaria y limitan su uso a fines específicos relacionados con la salud o la administración de Medicaid
