Abuelas de Plaza de Mayo anuncia con profunda alegría la restitución del nieto número 140, hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, quienes fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina. Nacido en abril de 1977 en el centro clandestino de detención “La Escuelita” de Bahía Blanca, este hombre recupera hoy su identidad luego de décadas de búsqueda y resistencia.
Graciela y Raúl, militantes comprometidos con la justicia social y la democracia, fueron secuestrados en diciembre de 1976 en Cutral-Có, Neuquén, cuando Graciela estaba embarazada de cinco meses. Durante su cautiverio, Graciela dio a luz a su hijo en condiciones infrahumanas, mientras Raúl permanece desaparecido. Su hija Adriana, quien fue criada por sus abuelos paternos, nunca cesó en la búsqueda de su hermano, construyendo una red de solidaridad y esperanza que hoy se materializa en este encuentro.
La restitución del nieto 140 no solo confirma la existencia de los hijos apropiados durante el terrorismo de Estado, sino que también pone en valor el trabajo conjunto y perseverante de Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y la sociedad civil. A pesar de las dificultades y la precariedad institucional, estas organizaciones continúan luchando para que se haga justicia y se garantice el derecho fundamental a la identidad.
Este hallazgo es una prueba irrefutable del genocidio cometido por la dictadura, que incluyó el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas, así como la apropiación sistemática de menores. Cada nieto restituido es un acto de resistencia contra el olvido y una reafirmación del compromiso colectivo por la memoria, la verdad y la justicia.
Abuelas de Plaza de Mayo hace un llamado urgente a la sociedad para que continúe aportando información y acompañando a quienes dudan de su origen, porque la búsqueda no puede ser en soledad. Asimismo, exige al Estado argentino que garantice la continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas y recursos para el Banco Nacional de Datos Genéticos, en especial la derogación del decreto N°351/2025, que pone en riesgo esta labor fundamental.