El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó a través de un comunicado que fueron liberados los 252 migrantes secuestrados en la cárcel del CECOT.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anuncia con satisfacción que ha logrado la liberación de los 252 ciudadanos venezolanos que permanecían secuestrados y sometidos a desaparición forzada en un campo de concentración, conocido como el CECOT, en la República de El Salvador”, dice el comunicado.
“Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales, a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de América de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia, por su comprobada participación en delitos graves contra la paz, la independencia y la seguridad de la Nación”, agrega el texto.
El gobierno venezolano agradeció al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero “por sus valerosas gestiones en aras del diálogo político, la paz y la reconciliación en Venezuela”.
En marzo de 2025, la Casa Blanca, dirigida por Trump, activó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa obsoleta creada en contexto de guerra, para justificar la deportación sumaria de más de 252 venezolanos, acusándolos sin pruebas de pertenecer a la extinta organización criminal Tren de Aragua.
Sin juicio, defensa legal ni derecho a apelar, los migrantes fueron enviados a El Salvador, donde quedaron secuestrados en el CECOT, denunciado como un campo de concentración por el gobierno de Venezuela.
El acuerdo entre EE. UU. y El Salvador incluyó el pago de 6 millones de dólares a cambio de aceptar y retener a los deportados, una práctica que diversas organizaciones de derechos humanos han condenado como “una externalización de la represión”.
Prisión sin delitos, bajo condiciones inhumanas por dinero
Reportes documentaron tortura psicológica, aislamiento, golpizas y condiciones inhumanas dentro del CECOT, que la ONU llegó a calificar como violatorias del derecho internacional.
En abril, el juez federal James Boasberg reconoció el derecho de los detenidos a impugnar su reclusión, una sentencia que Washington ignoró hasta la presión diplomática.
Desde el primer momento, el gobierno venezolano denunció las deportaciones como ilegales, arbitrarias y violatorias de la soberanía nacional.
El presidente Nicolás Maduro, junto con el fiscal general Tarek William Saab, lideró una ofensiva diplomática sostenida para obtener información sobre los reclusos, exigir pruebas de vida, alertar a instancias internacionales y, finalmente, negociar su repatriación.
“Han sido secuestrados en territorio extranjero, sin derecho ni defensa”, denunció Saab en múltiples ocasiones, al tiempo que elevó la causa ante la ONU y organismos de derechos humanos. Denunciaba.
La presión surtió efecto: en julio, fuentes confirmaron que El Salvador acordó el traslado de los venezolanos a Caracas, a cambio de la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, bajo un intercambio humanitario trilateral.
Este desenlace marca una victoria política para Caracas, que logra el retorno de sus ciudadanos sin delito, y expone al mundo la instrumentalización de migrantes con fines geopolíticos.
Mientras tanto, organismos internacionales continúan demandando reparación a las víctimas, el cierre de acuerdos secretos de detención extraterritorial y la revisión urgente del uso de leyes de guerra en tiempos de paz.
