El gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, autorizó redadas migratorias en lugares considerados «protegidos», como escuelas, iglesias y hospitales.
Esta decisión revoca directrices de la administración Biden que prohibían estas acciones en espacios sensibles, generando preocupación entre las comunidades migrantes que dependen de estos lugares para acceder a servicios esenciales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) argumenta que esta medida «empodera» a los agentes para capturar a lo que califican como «criminales extranjeros» que se esconden en estos espacios.
Sin embargo, no se han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. La revocación de estas directrices marca un regreso a políticas más agresivas en materia de inmigración, alineándose con las promesas de campaña de Trump de llevar a cabo una gran campaña de deportaciones.
Entre los “sitios protegidos” se incluía tanto los centros educativos, como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.
