El exgeneral del ejército de Brasil, Mário Fernandes, confesó el pasado jueves ante la Corte Suprema, la existencia de un complot que pretendía asesinar al presidente de ése país, Luis Inácio Lula da Silva, como parte de un plan golpista tras las elecciones del 2022.
El plan denominado Puñal Verde y Amarillo, estaba detallado en un documento el cual Fernandes admitió ser el autor, que previó además, el asesinato de autoridades, entre ellas Lula, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin.
Precisó que el contenido no era más que una «idea digitalizada» y se trataba simplemente de un análisis personal del escenario post-electoral. De acuerdo al exoficial brasileño, el texto fue impreso en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, donde se desempeñaba como asesor de exmandatario Jair Bolsonaro.
Un plan elaborado junto a otros actores militares
La Policía Federal (PF) indicó que esta trama data de noviembre de 2022, poco despues de la victorial electoral de Lula en las urnas, presuntamente además había sido discutido por militares en la casa del general Walter Braga Netto, exministro de Bolsonaro y entonces candidato a vicepresidente.
Fernandes está imputado en el llamado núcleo dos de la investigación sobre el complot. Durante su testimonio, el general retirado afirmó que miembros del entorno de Bolsonaro discutían un decreto con consideraciones que serviría de base para una presunta intervención del Ejecutivo sobre los demás poderes del Gobierno.
El plan Puñal Verde y Amarillo se conoció tras el acuerdo de culpabilidad del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes del entonces jefe de Estado derechista.
Esta trama magnicida, también reveló que Braga Netto transfirió dinero al mayor Rafael Martins de Oliveira, quien habría participado en la maquinación. Para cubrir los gastos de la operación, los fondos fueron entregados en una bolsa de vino.
La PF arrestó en noviembre a militares y a un policía involucrados en el caso. Pesquisas indican que el plan se habría ejecutado si el intento golpista de 2022 hubiera tenido éxito.
Proceso judicial contra Bolsonaro
La justicia brasileña acusa al expresidente derechista de cinco delitos, entre ellos golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, cuyas penas sumadas pueden llegar a los 40 años de prisión.
Hace una semana la Corte Suprema de Brasil dictó medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales.
El alto tribunal también le prohibió acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros, así como con otros investigados o procesados en el caso por golpismo.
