Un ciudadano venezolano deportado por el Gobierno de Donald Trump presentó una reclamación administrativa contra el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, en la que solicita una indemnización de 1,3 millones de dólares por daños físicos y psicológicos sufridos durante su detención en una prisión de alta seguridad en El Salvador.
Neiyerver Adrián León Rengel, de 27 años, fue uno de los 252 migrantes venezolanos transferidos en marzo de 2025 al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, en el marco de un operativo amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración Trump. El migrante fue detenido por agentes del ICE el 13 de marzo, en el estacionamiento de su residencia en Irving, Texas.
De acuerdo con la denuncia, Rengel se encontraba en situación migratoria regular bajo un estatus de residencia temporal y tenía una audiencia programada para el año 2028. Sin embargo, fue vinculado por las autoridades a la pandilla Tren de Aragua, a partir de sus tatuajes.
El documento legal, interpuesto por las organizaciones Democracy Defenders Fund (DDF) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), señala que dicha vinculación carecía de fundamento.
Durante su estadía en el CECOT, Rengel habría permanecido más de cuatro meses incomunicado y recluido junto a otros venezolanos en una celda de 3×3 metros. Según el testimonio recogido, habría sufrido golpizas, maltratos verbales y aislamiento, incluyendo agresiones físicas en áreas sin cámaras de vigilancia.
La acción legal interpuesta representa la primera demanda de este tipo presentada por un migrante venezolano enviado a El Salvador bajo este esquema. Rengel fue liberado la semana pasada como parte de un canje de detenidos entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, y se encuentra actualmente en su país de origen.
La demanda sostiene que Rengel fue víctima de detención arbitraria y privación de derechos sin debido proceso. Norm Eisen, presidente de DDF, declaró que el caso “debería generar preocupación institucional sobre la legalidad de las deportaciones realizadas sin causa documentada ni acceso a representación legal”.
Por su parte, Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, sostuvo que lo ocurrido “amerita un examen del cumplimiento de los principios constitucionales y del estado de derecho por parte del Gobierno de los Estados Unidos”.
El acuerdo de detención entre la administración Trump y el gobierno salvadoreño, según se ha reportado, incluyó pagos anuales cercanos a los seis millones de dólares.
