Ecuador inicia el proceso de deportación de 1.000 ciudadanos colombianos privados de libertad. Desde Colombia, las autoridades confirmaron que ya habían recibido cerca de 450 personas en la frontera.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró este domingo 27 de julio que los presos colombianos que están siendo deportados a Bogotá, y que cumplían penas en distintas cárceles del país, tienen «prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años».
«Quienes atenten contra la seguridad del país, no tienen cabida aquí. No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles» dijo Reimberg.
Según Bogotá, las autoridades ecuatorianas iniciaron las repatriaciones «sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas».
Pero el sábado la Cancillería ecuatoriana negó que se realizara una «deportación colectiva» y aseguró que se estaba garantizando «el respeto al debido proceso mediante la emisión de resoluciones individuales, debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial».
La entidad que controla las prisiones ecuatorianas, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), gestionó la presentación de los reos ante los jueces y, en un plazo de 24 horas, los magistrados conocieron la resolución administrativa de deportación y emitieron las boletas de excarcelación.
«Una vez emitidas esas boletas, el SNAI procede con la excarcelación y, posteriormente, el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Migración, ejecuta la deportación a Colombia por el Puente Internacional de Rumichaca», abundó el comunicado.
Ecuador y su «inamistosa» deportación
«Ecuador nos responde con desdén», escribió el sábado el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de la red social X, quien, aunque no hizo referencia directa a las deportaciones, aseguró que «si la Gran Colombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad».
Una delegación oficial liderada por la canciller encargada de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, se desplazó este sábado hasta el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, para atender la repentina deportación de los ciudadanos colombianos presos en ese país, medida que ha sido calificada por Bogotá como un «gesto inamistoso».
La visita de Villavicencio tiene como objetivo verificar la situación de los connacionales y coordinar su recepción junto a autoridades locales, luego de que el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa ejecutara las expulsiones sin previo aviso ni coordinación bilateral. Según Cancillería, no se respetaron los protocolos mínimos ni se establecieron acuerdos previos entre ambas naciones, lo que generó un fuerte reclamo diplomático desde Colombia.
«Un equipo interinstitucional liderado por la ministra de Relaciones Exteriores (e), Rosa Yolanda Villavicencio, se desplaza al Puente de Rumichaca para recibir a los connacionales expulsados por el Estado ecuatoriano y acompañar a los gobiernos territoriales en esta contingencia», informó el Ministerio de Exteriores en sus redes sociales.
La Cancillería colombiana emitió la noche del viernes un comunicado oficial en el que expresó su “más enérgica protesta” al gobierno ecuatoriano, denunciando que la deportación se llevó a cabo sin identificar plenamente a los reclusos, sin verificar su situación jurídica y en clara violación a normas básicas del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas y arbitrarias.
“Colombia está evaluando las acciones pertinentes para atender esta situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos en ese país”, señaló el ministerio.
Desde Nariño, el gobernador Luis Alfonso Escobar también se pronunció sobre el hecho y exigió la presencia de organismos defensores de derechos humanos como garantes en este tipo de procedimientos. “Se debe fortalecer la comunicación interinstitucional que facilite el desarrollo de estas medidas y así cumplir con los roles correspondientes a cada entidad territorial”, manifestó el mandatario regional, quien envió funcionarios de la Secretaría de Gobierno Departamental a Ipiales para apoyar la atención a los deportados.
El incidente ocurre en un momento de alta sensibilidad diplomática entre Bogotá y Quito, y deja en evidencia la necesidad de acuerdos bilaterales claros en materia de deportaciones, especialmente en casos que involucran a personas privadas de la libertad. Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan brindando asistencia a los connacionales afectados, al tiempo que buscan evitar que se repitan este tipo de acciones unilaterales.
