Brasilia reafirma la independencia judicial y rechaza la injerencia extranjera.
Brasil ha respondido con determinación y unidad a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien encabeza la investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó las medidas de Washington como una “injerencia inaceptable”, subrayando que “la justicia no es negociable”. A través de su cuenta oficial en X, Lula expresó:
“La injerencia del Gobierno estadounidense en el sistema judicial brasileño es inaceptable. El Gobierno brasileño se solidariza con el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, quien es objeto de sanciones motivadas por las acciones de políticos brasileños que traicionan a nuestro país y a nuestro pueblo en defensa de sus propios intereses”.
En defensa del sistema judicial, Lula enfatizó que “uno de los fundamentos de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza para el propio régimen democrático”.
Asimismo, el mandatario denunció que EE.UU. utiliza “argumentos políticos para validar las medidas comerciales” contra las exportaciones brasileñas, lo cual consideró como “injustificable”. Según afirmó, es falso que Washington tenga déficit comercial con el gigante amazónico:
“Brasil ha acumulado un importante déficit comercial de bienes y servicios con EE.UU. en las últimas décadas. La motivación política detrás de estas medidas contra Brasil socava la soberanía nacional y la relación histórica entre ambos países”.
Lula también dejó claro que, aunque Brasilia mantiene la disposición a negociar aspectos comerciales, no renunciará a su soberanía ni a los mecanismos legales de defensa:
“Ya hemos comenzado a evaluar el impacto de estas medidas y a desarrollar acciones para apoyar y proteger a los trabajadores, las empresas y las familias brasileñas”.
El tribunal supremo de Brasil dice que no se desviará.
Por su parte, el Supremo Tribunal Federal (STF) emitió un contundente comunicado donde respaldó a De Moraes y defendió su competencia exclusiva para juzgar crímenes contra la democracia:
“Actualmente se encuentra en trámite ante la Corte un proceso penal en el que el procurador general de la República ha imputado a un grupo de personas, entre ellas un expresidente […], por una serie de delitos, entre ellos el de golpe de Estado”.
El texto destacó que durante la investigación se hallaron “serios indicios” de delitos, incluyendo un supuesto plan para asesinar a funcionarios públicos, y que todas las decisiones de De Moraes “fueron confirmadas por la Sala competente”.
Finalmente, el STF reafirmó su compromiso institucional:
“El STF no se desviará de su función de defender la Constitución y las leyes del país, que garantizan el debido proceso y un juicio justo para todos los involucrados”.
Esta crisis diplomática se intensificó luego de que EE.UU. incluyera a De Moraes en la “lista de nacionales especialmente designados” del Departamento del Tesoro, bajo la Ley Magnitsky, lo que permite la congelación de sus bienes y la imposición de sanciones financieras. No obstante, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial de Brasil han cerrado filas en defensa de su soberanía y del Estado de derecho.
