Hoy Colombia espera con tensión la sentencia definitiva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El caso, considerado por muchos como el «juicio del siglo», ha puesto en el centro del debate político y judicial a una de las figuras más influyentes de la historia reciente del país.
La jueza penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, será la encargada de tasar la pena, la cual debe ser confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, órgano que podría incluso revertir la decisión y declarar inocente al exmandatario.
La prensa local ha adelantado que, debido a su edad (73 años), Uribe podría recibir una condena de prisión domiciliaria, situación que ya enfrenta de forma preventiva.
El equipo legal del exmandatario ha cuestionado duramente el proceso. Su abogado, Jaime Granados, aseguró que «no existen pruebas ni testigos que sustenten las denuncias» y defendió que su cliente «siempre se ha defendido en libertad». También advirtió que, si no se emite una sentencia de segunda instancia antes de octubre, el caso prescribirá y quedará sin condena.
Los cargos que enfrenta Uribe
Según la sentencia de la jueza Heredia, Uribe habría ofrecido beneficios a personas privadas de libertad, a través de intermediarios, con el objetivo de favorecerse en otros procesos judiciales. El fallo determinó que el político «conocía las acciones de su exabogado Diego Cadena en las cárceles del país», y que quedó «suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal».
Además, se estableció la existencia de fraude procesal mediante una «estrategia deliberada de manipulación de la justicia», incluyendo un video y un memorial judicial presentados por su equipo legal para desviar investigaciones en su contra.
El fallo ha generado reacciones encontradas dentro y fuera del país. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio criticó la sentencia, afirmando que «el único delito de Álvaro Uribe ha sido luchar y defender incansablemente a su patria» y que «la instrumentalización del Poder Judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante».
La Corte Suprema de Justicia de Colombia respondió con firmeza, rechazando «las injerencias indebidas y las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico».
Por su parte, el presidente Gustavo Petro condenó las declaraciones de Rubio como una «intromisión a la soberanía nacional» y pidió a la comunidad internacional «respetar los jueces de Colombia».
Este proceso judicial se remonta a más de una década. La Fiscalía acusó a Uribe en mayo de 2024 por delitos relacionados con la manipulación de testigos, tras revelaciones del senador Iván Cepeda, quien presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban al expresidente con actividades ilegales cuando fue gobernador de Antioquia.
Uribe contraatacó con denuncias contra Cepeda, pero fue el propio tribunal el que en 2018 encontró indicios de falsificación de pruebas por parte del exmandatario.
En 2020, Uribe fue puesto bajo arresto domiciliario por 67 días y renunció a su cargo como senador para ser juzgado por la justicia ordinaria. El caso, que ha sufrido múltiples intentos de preclusión, finalmente llegó a juicio en 2024 con la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo.
La decisión de hoy marcará un antes y un después en la historia judicial y política de Colombia. Mientras tanto, la incertidumbre reina y el país espera el desenlace de un proceso que ha puesto a prueba los cimientos de su democracia.
