La fiscal general estadounidense, Pam Bondi afirmó en una entrevista que el gobierno de Trump incautó 700 millones de dólares en activos vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, incluidos dos aviones privados, varias mansiones —una en República Dominicana y otras en Florida—, una granja de caballos, nueve vehículos de lujo, joyas y grandes sumas de dinero en efectivo.
Sin embargo, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, no presentó pruebas visuales ni documentación que respalde estas afirmaciones, generando dudas sobre la credibilidad del comunicado.
Desde Venezuela, el ejecutivo consideró esta comunicación como un “show extravagante” y parte de una “propaganda política” impulsada por Washington.
El anuncio llega apenas días después del incremento de 25 a 50 millones de dólares en la recompensa por la captura de Maduro, una medida igualmente rechazada por líderes políticos, movimientos sociales, voces internacionales y de manifestantes venezolanos que participaron en la reciente Gran Marcha Antiimperialista por la Paz y contra el narcoterrorismo.
Estas practicas no son nuevas para EE.UU., desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca comenzó una campaña de persecución migratorias y de deportaciones masivas sin cargas probatorias, denunciadas por organizaciones de derechos humanos y cuestionadas incluso por jueces estadounidenses.
