El Gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que Estados Unidos está dispuesto a “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, en referencia al reciente despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de territorio venezolano.
En un comunicado, Venezuela advirtió que estas acciones “ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC”, al tiempo que calificó de “difamaciones” los señalamientos de Washington.
El presidente Nicolás Maduro afirmó que el país mantiene la estabilidad interna gracias a la “fusión popular militar-policial”, y aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar cualquier escenario.
“Desde el norte el imperio ha renovado, como un refrito podrido, sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela”, declaró Maduro, quien llamó a “avanzar en todos los frentes de manera simultánea” y a “defender la soberanía y la paz en cualquier circunstancia”.
Leavitt reiteró en rueda de prensa que, para la Administración de Donald Trump, “el régimen de Maduro no es legítimo” y lo calificó como “un cartel del narcotráfico”.
El Ejecutivo venezolano respondió que tales acusaciones reflejan la “falta de credibilidad” de Washington y recordó que desde la salida de la DEA en 2005, Venezuela ha ejecutado capturas exitosas, desmantelamiento de redes y control efectivo de fronteras y costas como parte de su política antidrogas.
La declaración estadounidense ha generado pronunciamientos de respaldo a Venezuela por parte de gobiernos latinoamericanos. La presidenta de México expresó un tajante “no al intervencionismo”, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó: “Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo resuelven su problema”.
La magnitud del despliegue —que incluye destructores con sistema Aegis, submarinos nucleares, portahelicópteros y más de 4.000 marines— evidencia un carácter bélico más que antidrogas.
Además, el control que concentra Marco Rubio al frente del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional refuerza la visión de que se trata de un movimiento político de presión, con funciones que van desde la intimidación y la provocación calculada hasta la preparación de escenarios de acción militar directa.
Mientras, Venezuela activó 4,5 millones de milicianos como parte del plan de paz y se mantiene presencia militar en sus aguas para garantizar la soberanía.
