Documentos internos del Gobierno de Estados Unidos, obtenidos por CBS News, revelan que la administración del presidente Donald Trump ha expandido de forma significativa su campaña para convencer a países de distintas regiones del mundo de recibir a migrantes deportados, aun cuando estos no sean ciudadanos de esas naciones.
De acuerdo con los archivos, Uganda, en África Oriental, aceptó recientemente recibir migrantes expulsados desde EE.UU. provenientes de otros países del continente africano, siempre y cuando no tengan antecedentes criminales. Aunque no está claro cuántos deportados recibirá en total, el acuerdo marca un precedente en la región.
En paralelo, Honduras se comprometió con EE.UU a acoger a migrantes de países latinoamericanos hispanohablantes, incluidos grupos familiares con niños. La cifra pactada, según los documentos, es relativamente reducida —unos pocos cientos en un lapso de dos años—, aunque se abre la posibilidad de aumentar el número en el futuro.
El marco legal de los “países seguros”
Ambos convenios se apoyan en la disposición legal estadounidense conocida como “safe third country” o “tercer país seguro”. Esta norma faculta a Washington a reubicar solicitantes de asilo en naciones distintas a las de su origen, siempre que se considere que esos Estados tienen la capacidad de evaluar de forma justa sus peticiones de protección humanitaria.
Funcionarios de la administración Trump defienden estos pactos como herramientas esenciales para sostener la política de deportaciones masivas de EE.UU. Argumentan que muchos migrantes no pueden ser enviados a sus países de origen por conflictos diplomáticos o por la negativa de esos gobiernos a recibirlos.
Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU, citado por CBS News, señaló: “No comentamos sobre el contenido de negociaciones diplomáticas privadas, pero el Departamento de Estado está haciendo todo lo posible para apoyar la política del presidente de mantener a los estadounidenses seguros, removiendo a los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar en Estados Unidos”.
Una red global de convenios con EE.UU
Los acuerdos con Honduras y Uganda se suman a una red cada vez más amplia de compromisos internacionales. Al menos una docena de países ya han aceptado o están en proceso de aceptar deportados de terceros países desde que Trump inició su segundo mandato.
En meses recientes, Washington ha logrado pactos con Costa Rica y Panamá para recibir a cientos de migrantes africanos y asiáticos detenidos en la frontera sur de EE.UU. Asimismo, en marzo pasado, más de 200 venezolanos acusados falsamente por EE.UU de pertenecer a bandas criminales fueron enviados a El Salvador, donde estuvieron incomunicados durante meses en una prisión de alta seguridad, hasta ser devueltos a Caracas como parte de un canje de prisioneros.
Otros destinos incluyen a Sudán del Sur y Esuatini, países con altos niveles de violencia, que han recibido migrantes condenados por delitos graves procedentes de Cuba, México, Jamaica, Yemen, Laos, Birmania y otras naciones.
Guatemala, Kosovo y Ruanda también han aceptado participar. La semana pasada, el Departamento de Estado confirmó la firma de un acuerdo con Paraguay, y México mantiene vigente un mecanismo de cooperación similar desde antes del actual mandato presidencial.
Críticas y denuncias de abusos
Las reacciones no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos humanos alertan que los migrantes podrían ser enviados a países inseguros, donde enfrentarían persecuciones o riesgos similares a los que los obligaron a huir de sus lugares de origen.
El propio Departamento de Estado, en un informe reciente, reconoció “desarrollos negativos en la situación de derechos humanos en Uganda”, documentando asesinatos ilegales, detenciones “arbitrarias”, desapariciones y una escasa disposición del Gobierno a investigar abusos. No obstante, también destacó que Uganda ha colaborado con Naciones Unidas en la protección de refugiados.
Doris Meissner, exdirectora del desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización bajo la administración Clinton, explicó que Estados Unidos históricamente ha enfrentado trabas diplomáticas para deportar a ciertos grupos de migrantes. Aun así, aclaró que el uso de terceros países para este fin solía aplicarse solo en casos “excepcionales”.
La experta, actualmente investigadora del Migration Policy Institute, sugirió que la administración Trump podría estar utilizando “amenazas de sanciones de visado y compromisos financieros” para forzar la cooperación internacional.
En su análisis, Meissner subrayó que el objetivo no es únicamente operativo, sino también disuasorio: “La razón más amplia detrás de esto es el miedo, la intimidación y, en última instancia, incentivar la autodeportación”.
El aval de la Corte Suprema
El marco jurídico que respalda esta estrategia se consolidó tras un fallo de la Corte Suprema emitido a comienzos de verano. El tribunal autorizó al Gobierno a realizar deportaciones hacia terceros países con un mínimo de notificación y garantías procesales. Esta decisión otorgó vía libre a la Casa Blanca para intensificar una práctica que ya había comenzado en los primeros meses del segundo mandato de Trump.
Con los nuevos acuerdos en marcha, la política migratoria estadounidense entra en una fase de mayor alcance internacional, en la que países de África, Centroamérica, Europa y Sudamérica se ven presionados a actuar como receptores de migrantes que no tienen vínculo alguno con sus territorios.
