Militares israelíes, acusaciones de crímenes de guerra e incendios provocados elevan la tensión en territorios mapuches de Argentina y Chile.
En los últimos meses, se han intensificado las denuncias sobre la presencia de militares israelíes en la Patagonia argentina, especialmente en la provincia de Chubut.
Según informes, estos individuos, se hacen pasar por turistas mochileros.
Se ha señalado que algunos podrían tener vínculos con crímenes de guerra cometidos en Gaza, generando alarma entre las comunidades locales y los líderes mapuches del territorio de Puelmapu, que denuncian la realización de actividades militares encubiertas.
Las comunidades mapuches han reaccionado a estas acusaciones afirmando que el Estado y grupos empresariales han utilizado la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) para justificar el avance sobre territorios en disputa, mientras que los gobiernos argentinos han vinculado algunos incendios forestales recientes a estas organizaciones, acusándolas de incitación a la violencia colectiva.
Las comunidades mapuches de Puelmapu denuncian que estas personas realizan actividades encubiertas, acusándolos de observar y estudiar el territorio mientras generan un clima de desconfianza.
Estas denuncias han encendido un clima de tensión y desconfianza, con acusaciones cruzadas entre autoridades, empresas y pueblos originarios.
El historial de incidentes ambientales en la región contribuye a la preocupación. En diciembre de 2011, militar israelí Rotem Singer fue detenido en Chile por provocar un incendio en el Parque Nacional Torres del Paine, que consumió más de 11.000 hectáreas y obligó a la evacuación de 700 personas.
Singer fue formalizado por negligencia y, en 2015, la Corte Suprema de Chile lo obligó a pagar una indemnización al Estado por los daños ocasionados. Este episodio sigue siendo recordado como un ejemplo de la falta de control sobre «turistas» en zonas de alta sensibilidad ecológica.
El sionismo quiere la Patagonia
Paralelamente, diversas fuentes han alertado sobre lo que se describe como un “plan estratégico” de Israel para establecer presencia en la Patagonia argentina.
El Plan Andinia, una hipótesis conspirativa que sostiene la intención de establecer un Estado judío en la Patagonia argentina y chilena.
Si bien esta teoría ha sido históricamente desacreditada por historiadores y expertos, algunos analistas consideran que, bajo esta hipótesis, la presencia de agentes israelíes podría interpretarse como un reconocimiento estratégico del territorio, aprovechando su aislamiento y escasa densidad poblacional.
Al causar incendios desvalorizan la tierra y luego capitales israelíes o aliados las adquieren.
Según estos informes, algunos militares israelíes habrían estado estudiando la región para desarrollar operaciones encubiertas, aprovechando la geografía aislada y la dispersión de la población local.
Aunque las autoridades israelíes no han emitido comentarios oficiales sobre estas acusaciones, la combinación de antecedentes de crímenes de guerra y actividades encubiertas en Sudamérica ha elevado las sospechas de analistas y comunidades locales.
Estas denuncias reflejan la complejidad de la situación en la Patagonia, donde la defensa del territorio mapuche, la protección ambiental y la geopolítica internacional se cruzan.
Desde este enfoque, los incendios y los conflictos con comunidades mapuches podrían ser vistos como instrumentos indirectos para desestabilizar o debilitar el control local, facilitando la entrada y consolidación de operaciones externas.
La vinculación con el sionismo, en esta narrativa, estaría relacionada con un objetivo geopolítico de expansión y seguridad territorial más allá de Israel, aunque las autoridades israelíes han negado cualquier implicación.
Mientras la Patagonia sigue siendo un territorio de alto valor estratégico y ambiental, las denuncias y teorías sobre la presencia israelí encubierta y la posible implementación de planes como el Andinia mantienen la región en un estado de alerta permanente, con implicaciones geopolíticas, ambientales y culturales de largo alcance.
La falta de pruebas judiciales concluyentes y la naturaleza clandestina de las operaciones reportadas dificultan una resolución clara de los hechos.
