Una jueza federal de Estados Unidos rechazó la petición de la Administración de Donald Trump para suspender la orden de desmantelar el controvertido centro de detención para migrantes conocido como Alligator Alcatraz.
En un dictamen fechado el 27 de agosto, la jueza federal Kathleen Williams ratificó su decisión de la semana pasada, ordenando que la prisión sea desmantelada en un plazo de 60 días. La medida responde a las denuncias de organizaciones ambientalistas y de la tribu indígena miccosukee, que alertaron sobre los graves impactos que la instalación estaba generando en la zona donde fue construida.
Juez considera que no cumple las normas
Williams sostuvo que la cárcel fue levantada sin cumplir con las evaluaciones correspondientes sobre sus consecuencias ecológicas: «El proyecto estaba afectando negativamente al medioambiente, estaba controlado en gran medida por el Gobierno federal y los demandados no realizaron ningún análisis ambiental antes de construir y poner en funcionamiento la instalación», afirmó la magistrada en su dictamen.
La prisión, apodada Alligator Alcatraz por estar ubicada en una zona de humedales habitada por caimanes, fue inaugurada durante la administración de Trump como parte de su política migratoria. Desde el inicio, organizaciones de derechos humanos y defensores del medioambiente denunciaron la precariedad de las condiciones de reclusión y el riesgo para la biodiversidad de los Everglades.
La ratificación de la orden supone un fuerte revés para el presidente y su equipo, que habían argumentado que el centro era una medida “necesaria” para controlar el flujo migratorio y reducir la presión sobre otras instalaciones fronterizas. Sin embargo, para la jueza, la violación de las leyes ambientales y el impacto sobre la comunidad local fueron determinantes.
Con esta decisión, las autoridades federales están obligadas a iniciar de inmediato el proceso de desmantelamiento, el cual deberá completarse en un plazo máximo de dos meses.
