La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persaud Bissessar anunció que su gobierno deportará más de 200 migrantes venezolanos aparentemente en situación irregular y que reforzará su política antimigrante.
“Estamos trabajando para mejorar las instalaciones de la Guardia Costera de Cedros y hemos enviado más embarcaciones a la zona. Además, pronto deportaremos a unos 200 venezolanos que se encuentran en nuestras cárceles,” afirmó Persaud Bissessar a la prensa local. La mandataria añadió que los ciudadanos venezolanos están detenidos en el Centro de Detención de Migrantes y en cárceles del país.
“Pueden irse a casa o solicitar medidas cautelares y permanecer en prisión. Depende de ellos, pero no estarán libres en nuestras calles,” dijo la mandataria.Como jefa del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se le preguntó si estaba satisfecha con la seguridad en las fronteras, respondió: «No, hay muchas cosas que deben mejorarse. Estamos trabajando para rectificar muchos problemas.» La mandataria afirmó que el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) ha aumentado la vigilancia de los migrantes que llegan ilegalmente a Trinidad.
Esta política anti migrante y especialmente anti venezolana imita las acciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien inició una campaña de deportación masiva y sin el debido proceso.
Política hostil hacia Venezuela
Por su parte, este nuevo ataque de la jefa de estado trinitobaguense forma parte de su escalada hostil hacia Venezuela desde su toma de poder en mayo de este año. Las tensiones del lado trinitario escalaron en junio, cuando la mandataria afirmó que usaría fuerza letal contra embarcaciones venezolanas que se adentraran en sus aguas. En agosto, ante el despliegue militar naval de Estados Unidos en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico, ofreció su territorio nacional como base estadounidense en caso de una invasión a Venezuela.
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El primero de septiembre, el ejército estadounidense estalló una embarcación supuestamente de origen venezolano en aguas territoriales trinitarias, con once tripulantes a bordo y que, según el propio Trump, transportaba tres mil kilogramos de droga y pretendidamente operaba bajo la extinta banda Tren de Aragua. La mandataria trinitobaguense emitió varios mensajes en abierto apoyo al siniestro, un hecho que varias figuras políticas y gobiernos de la región toman como respaldo a las ejecuciones extrajudiciales.
El lunes, Persaud Bisssessar sostuvo una conversación con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para “reafirmar” la solidez de la alianza con el país y agradecer el apoyo del Gobierno a las operaciones estadounidenses en el Caribe.
Persaud Bissessar excusa su política con la supuesta superpoblación de los centros de detención y afirmó que mantener a los detenidos preventivos supuestamente cuesta millones a su nación.
En abril de 2016, el exfiscal general Faris Al-Rawi afirmó que mantener a los 2235 presos preventivos que había en ese momento en el país costaba a los contribuyentes más de 10 650 millones de dólares. Según él, el coste de mantener a una persona en prisión preventiva oscilaba entre 20 000 y 25 000 dólares al mes.
La mandataria afirmó que el embajador venezolano en su país, Álvaro Sánchez, trabaja en este sentido con el ministro de Asuntos Exteriores y Caricom, Sean Sobers, y el ministro de Defensa, Wayne Sturge.
Datos de la Organización Mundial de la Migración ofrecen un estimado de cerca de 38 000 migrantes venezolanos en territorio trinitobaguense. Con solo 11 kilómetros de distancia entre el punto más al sur en Trinidad y la costa norte venezolana, ambas naciones comparten una población tradicionalmente fluctuante, así como nexos culturales e históricos.
