La posición de la Unión Europea frente a Israel sigue marcada por la ambigüedad. Mientras varios Estados miembros y el propio Parlamento Europeo han manifestado su rechazo a continuar acuerdos de cooperación con Tel Aviv en el marco de la crisis humanitaria en Gaza, las instituciones comunitarias se han abstenido de calificar los hechos como “genocidio”, pese a las crecientes denuncias de organismos internacionales y de la sociedad civil.
El debate gira en torno a la suspensión de beneficios comerciales y de programas de investigación conjunta con Israel. Aunque se reconoce la “desproporción de la ofensiva” y se cuestionan los ataques a civiles, los comunicados oficiales de Bruselas evitan emplear términos jurídicamente vinculantes que podrían derivar en sanciones directas.
Diversos eurodiputados han reclamado una posición más clara. “La UE no puede condenar solo a medias. Si hay violaciones graves del derecho internacional, debemos llamarlas por su nombre”, expresó un legislador del bloque progresista. Sin embargo, otros sectores insisten en mantener un “equilibrio diplomático” para no romper del todo los canales de diálogo económico.
Organizaciones humanitarias, en cambio, acusan a la UE de doble rasero. Mientras se muestran sanciones contundentes contra otros países en conflicto, en el caso de Israel se opta por un lenguaje que critican como “diplomacia evasiva”.
La contradicción ha provocado tensiones internas: por un lado, la presión ciudadana que exige reconocer los crímenes y adoptar medidas firmes; por el otro, los intereses estratégicos y comerciales que aún pesan en la relación con Tel Aviv.
Así, Bruselas oscila entre el rechazo simbólico a ciertos acuerdos y la reticencia a señalar directamente a Israel por genocidio, lo que prolonga la percepción de una política exterior marcada por la ambigüedad.
El Acuerdo de Asociación UE-Israel y su cláusula de derechos humanos
Una pieza clave de crítica hacia la UE es que posee una herramienta legal concreta para responder a violaciones graves de derechos humanos: el Acuerdo de Asociación UE-Israel. Ese tratado contempla una cláusula (Artículo 2) que permite su suspensión si se establece que Israel está incumpliendo obligaciones en materia de derechos humanos.
Varios países miembros —España, Irlanda, Francia, Países Bajos— han pedido invocar esa cláusula y suspender parcial o totalmente el acuerdo, especialmente su componente comercial, debido a lo que consideran violaciones sistemáticas.
Fallido intento de suspender participación en el fondo de investigación Horizon Europe
Otra muestra del tira y afloja: la Comisión Europea propuso cortar parcialmente el acceso de Israel al programa Horizon Europe, que financia investigación y desarrollo tecnológico.
Esa propuesta debía aprobarse por mayoría calificada entre los Estados miembros, pero Alemania e Italia se opusieron a apresurar la medida y pidieron más tiempo, lo que bloqueó su implementación. Así, Israel mantuvo acceso a esos fondos a pesar del informe de la UE que halló indicios de incumplimiento de obligaciones de derechos humanos.
El bloque no está alineado: países como Alemania, Italia, Austria, Hungría, República Checa han manifestado reservas para usar términos fuertes como «genocidio» o para romper completamente relaciones con Israel por los crímenes cometidos en Gaza.
Por ejemplo, Alemania se ha mostrado reacia a suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, justificando que aún hay vías diplomáticas abiertas, diálogo necesario, o interpretaciones legales que exigen pruebas claras de que algo pasa en Gaza. Otros países, como España, han sido mucho más críticos y han llamado a sanciones más duras.
ONGs y relato institucional: acusaciones vs acción concreta en Gaza
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International han sido tajantes en criticar lo que llaman demora, falta de medidas concretas y lenguaje institucional suave.
Por ejemplo, tras una revisión de la Comisión Europea que identificó indicios de que Israel estaba violando obligaciones de derechos humanosen Gaza, se señaló que no basta con reconocer esos indicios; hace falta suspender el trato comercial, el apoyo militar o tecnológico, inversiones en asentamientos o cualquier cooperación que pueda contribuir a esas violaciones.
Un caso ilustrativo es la del comisario de la UE, Teresa Ribera, quien dijo que la guerra en Gaza “se parece mucho” a la definición de genocidio, pero sin afirmar categóricamente que lo sea.
Esta clase de frases muestran que existe conciencia o sospecha del uso de ese término, pero la UE en su conjunto evita adoptarlo oficialmente. Otro ejemplo: un grupo de más de 300 ex diplomáticos de varios países de la UE envió una carta pidiendo la suspensión completa del Acuerdo de Cooperación UE-Israel, lo cual fue respaldado por ciudadanos y por algunos Estados miembros, pero sin conseguir hasta ahora una acción firme de todo el bloque.
