En un nuevo acto de injerencia, el grupo de ministros de la Commonwealth se parcializa con Guyana en torno a la disputa territorial por la Guayana Esequiba y repite acusaciones contra la República Bolivariana que carecen de evidencia para su sustento.
En su declaración final, el Grupo reiteró su reconocimiento de la sentencia de 18 de diciembre de 2020 de la Corte Internacional de Justicia, en la que la Corte determinó que, de conformidad con la demanda presentada por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de marzo de 2018, la Corte «tiene competencia para conocer de la demanda presentada por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018 en la medida en que se refiere a la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y a la cuestión conexa de la solución definitiva de la controversia sobre la frontera terrestre entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela.”
Con esta afirmación, el grupo ministerial desconoce la validez del Acuerdo de Ginebra, firmado por las tres partes (Reino Unido, la entonces Guyana Británica y Venezuela) donde se reconoce la validez de la disputa territorial y se establecen mecanismos para su solución satisfactoria y pacífica, de acuerdo al Artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. La rúbrica del acuerdo sobresee al Laudo Arbitral, pues evidencia una admisión de su naturaleza fraudulenta.No obstante, Guyana insiste en que la disputa debe resolverse bajo el Laudo y el mandato de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Históricamente ni Guyana ni Venezuela reconocen jurisdicción de la corte, sin embargo, desde 2018 Guyana unilateralmente lleva a sus instancias un caso contra Venezuela por la controversia territorial. Tres años antes, en 2015, ExxonMobil descubrió 11.7 billones de barriles de crudo en aguas por delimitar y un año después, en 2019, comenzaron las labores de explotación de los pozos.
Por otra parte, el grupo se dice preocupado por eventos en Venezuela desde su última reunión, “incluida la celebración de elecciones en Venezuela en relación con la región de Essequibo, en contravención de la orden de la Corte Internacional de Justicia de 1 de mayo de 2025.”
Ante el anuncio de elecciones de gobernadores en toda Venezuela el 25 de mayo, la Corte Internacional de Justicia “advirtió” a Venezuela que se abstuviera de realizar elecciones en el territorio de la Guayana Esequiba, bajo reclamación. Venezuela rechazó estas advertencias de la corte por considerarlas una intromisión en sus asuntos internos y llevó a cabo elecciones de gobernadores el 25 de mayo en sus 24 estados, de conformidad con lo establecido en su constitución luego del reconocimiento de la Guayana Esequiba como el estado número 24 de la nación.
Respetar el Acuerdo de Argyle ¿Para quién?
“El Grupo alentó a Guyana y Venezuela a continuar la labor iniciada con el Acuerdo de Argyle del 14 de diciembre de 2023 para mejorar las relaciones entre ambas naciones y encontrar una solución pacífica a la controversia,” se lee en la declaración final.
Con este argumento, la Commonwealth desconoce los mecanismos ya establecidos para la solución pacífica de la disputa como el Acuerdo de Ginebra, a la vez que desconoce las ocasiones en que Guyana ha violentado lo pactado en Argyle por ambos mandatarios, Irfaan Ali de Guyana y Nicolás Maduro Moros, de Venezuela.
En su punto número dos, el Acuerdo de Argyle afirma que ambas naciones “acordaron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966.” Guyana desconoce este principio del acuerdo y solo admite el írrito Laudo Arbitral.
También el acuerdo de Argyle recoge que “ambos Estados se abstendrán, tanto en palabras como en hechos, de agravar cualquier conflicto o desacuerdo que surja de cualquier controversia entre ellos. Los dos Estados cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que puedan generar tensiones entre ellos.” Guyana rompió con este punto al condonar amenazas militares directas desde su territorio hacia Venezuela por parte del Secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio. Por demás, el robo sostenido de un recurso situado en aguas por delimitar.
