La Embajada de Estados Unidos en Brasil replicó mensajes oficiales en los que altos funcionarios del Departamento de Estado cuestionaron al juez Alexandre de Moraes y calificaron el fallo contra el expresidente ultraderechista como un ejemplo de “uso de la ley como arma política”.
La condena de 27 años y tres meses de cárcel contra Jair Bolsonaro, dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil por su rol en la intentona golpista del 8 de enero de 2023, ha desencadenado una tormenta diplomática entre Washington y Brasilia.
El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, expresó: “EE.UU. condena el uso de la ley como arma política. Como abogado, diplomático y amigo de Brasil, me duele ver al juez [Alexandre de] Moraes socavando el Estado de derecho allí y llevando las relaciones entre nuestras dos grandes naciones a su punto más oscuro en dos siglos”. Añadió que mientras Brasil mantenga en manos de Moraes decisiones estratégicas, no ve solución a la crisis bilateral.
Otro comunicado, compartido por la Oficina del Subsecretario de Diplomacia Pública, subrayó: “Ayer, cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema de Brasil votaron para condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión. Esta decisión marca un nuevo hito crucial en el complejo de censura y persecución del juez Moraes, sancionado por violador de derechos humanos contra Bolsonaro y sus partidarios. Tomamos este oscuro acontecimiento con la mayor seriedad”.
Advertencias desde Washington
Las críticas fueron reforzadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien tachó el juicio contra Bolsonaro de “caza de brujas” y advirtió que su país “responderá en consecuencia”. La Casa Blanca incluso deslizó que Trump no dudaría en usar sanciones económicas o presiones militares para “defender la libertad de expresión en el mundo”.
De hecho, el presidente Donald Trump ya había usado el caso de Bolsonaro como argumento para imponer un arancel del 50 % a las exportaciones brasileñas, en un claro gesto de presión hacia el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La respuesta de Brasil a EE.UU.
La Cancillería brasileña reaccionó de inmediato. En un comunicado, aseguró que “amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca a las autoridades brasileñas e ignora los hechos y la evidencia contundente del caso, no intimidarán a nuestra democracia”.
El propio Lula defendió la autonomía de las instituciones y lanzó un mensaje contundente: “Será su problema”, en referencia a las amenazas estadounidenses. El mandatario insistió en que no permitirá interferencias externas en la justicia de su país y repudió cualquier intento de chantaje económico o diplomático.
El STF desafía las amenazas
Los jueces del Supremo Tribunal Federal respondieron también con firmeza. Según reveló Folha de S. Paulo, varios magistrados expresaron su indiferencia ante las amenazas de sanciones de Washington, incluso frente a la posibilidad de ser incluidos en la lista de sanciones de la Ley Magnitsky. Uno de ellos afirmó: “Poco a poco, se están dando cuenta de que su chantaje no ha cambiado ni cambiará nada en las acciones de la Corte”.
Además, los jueces advirtieron que ni una eventual amnistía parlamentaria ni un indulto presidencial podrán liberar a Bolsonaro, dado que ambos mecanismos serían revertidos inmediatamente por el STF.
Condenas adicionales
El fallo no solo alcanzó a Bolsonaro. También fueron sentenciados varios de sus colaboradores más cercanos y altos mandos militares que participaron en la intentona. Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil, recibió 26 años de prisión; Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, fue condenado a 18 años y 8 meses; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, a 19 años; y Mauro Cid, exayudante de órdenes, a 2 años con régimen abierto tras colaborar con la justicia y aportar pruebas clave.
El choque entre Washington y Brasilia coloca a las relaciones bilaterales en su punto más tenso en décadas. La ofensiva diplomática de Trump busca proteger a un aliado político como Bolsonaro, mientras que Lula refuerza la defensa de la soberanía judicial brasileña.
En el horizonte, se vislumbra una disputa que podría reconfigurar los lazos económicos y estratégicos entre ambos gigantes del continente.
