El director del FBI Kash Patel tuvo que comparecer ante una comisión del Senado de Estados Unidos, que cuestiona la legalidad de los ataques a embarcaciones en el Caribe y por tanto, las bases de las falsas narrativas y acusaciones contra Venezuela.
“Estamos volando botes en aguas del Caribe porque están conectados con grupos narcoterroristas internacionales (…) ¿qué autoridad legal tenemos para hacerlo?” inqiuirió el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham.
“Señor, remitiría las preguntas sobre la autoridad legal al Fiscal General y al Departamento (de Guerra)” respondió el director del FBI Kash Patel.
Graham es un aliado de Trump en su política exterior. Su pregunta busca presionar a Patel para dotar de institucionalidad y legalidad los tres ataques contra supuestas embarcaciones venezolanas en aguas del caribe, hechos calificados como ilegales porque imitan ejecuciones extrajudiciales y no contaron con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, un requisito definido por la Constitución de ese país.
Estos hechos violan entonces la resolución sobre los poderes bélicos.
Ambos ataques contra dichas embarcaciones violan los protocolos de detención de alta mar establecidos en la legislación internacional, dado que no hubo contacto con la tripulación ni intento de detención o captura. Estos procedimientos emulan los de ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, el director del FBI, Kash Patel, reiteró ante el Senado de Estados Unidos falsas narrativas y acusaciones contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con las que la administración Trump justifica su despliegue naval en el Caribe y los recientes ataques contra dos naves pretendidamente venezolanas.
“Creo que con base a la inteligencia y los enjuiciamientos e investigaciones, actualmente estamos dirigiendo una gran parte de la cocaína que sale de América del Sur tiene su punto de origen en Venezuela y utilizando puntos de transbordo a través de Haití, están utilizando las vías navegables en el Caribe a la entrega del estado final, que son los Estados Unidos de América, y vamos a perseguir a cada uno de esos narcotraficantes,” afirmó Patel.
Estas declaraciones se producen en un contexto de alta tensión provocada por el despliegue naval militar de Estados Unidos en aguas del Caribe adyacentes a Venezuela, bajo el argumento de librar una lucha contra el narcotráfico.
Por otra parte, Venezuela ha demostrado con evidencias factibles y reportes de organismos internacionales que no es un país productor y realiza operaciones antidrogas tanto en su franja terrestre fronteriza con Colombia, como en las zonas costeras de los estados Falcón, Delta Amacuro, Sucre y Zulia.
Implicar a Venezuela
En otro momento de la audiencia, el senador republicano y aliado del presidente Donald Trump en su política exterior, intenta implicar al jefe de estado venezolano con actividad criminal de narcotráfico, sin embargo Patel apunta a que estas acusaciones son efectuadas por la DEA. Con dicha respuesta, Patel difiere la responsabilidad de su agencia sobre este caso y no proporciona la justificación legal que requiere el bando republicano para los ataques directos y arbitrarios en alta mar.
Lo mismo sucede cuando el republicano presiona por justificaciones para clasificar a Venezuela como nación patrocinadora del terrorismo. “Senador, desde mi posición, proporcionaremos la inteligencia necesaria para cualquiera que cumpla el umbral para ser un estado patrocinador del terrorismo bajo esta administración”, afirma Patel.
La llamada «Lista de Estados patrocinadores del Terrorismo» es una clasificación arbitraria y unilateral que instrumentaliza Estados Unidos contra naciones no aliadas para justificar políticas, sanciones y acciones hostiles. La lista incluye a Cuba, Siria, Irán y Corea del Norte.
Según el Departamento de Estado, “las sanciones derivadas de la designación en virtud de estas autoridades incluyen restricciones a la ayuda exterior de los Estados Unidos; la prohibición de las exportaciones y ventas de material de defensa; determinados controles sobre las exportaciones de productos de doble uso; y diversas restricciones financieras y de otro tipo” con penalizaciones para aquellos países que comercien con las naciones involucradas.
