El Gobierno de Venezuela rechazó categóricamente un informe divulgado por el Departamento de Estado de EE.UU. que acusa a varios países de ser permisivos con el narcotráfico y la producción de drogas ilícitas.
A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, Caracas calificó el documento como una «imaginaria e ilegítima autodesignación, como juez y policía del mundo».
Según el texto oficial, «todas las aseveraciones del referido informe carecen de fundamento y contradicen los datos oficiales de organismos internacionales especializados», en referencia a estudios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) entre 1999 y 2025, que certifican a Venezuela como territorio libre de cultivos ilícitos.
La Cancillería destacó que incluso los propios reportes de la DEA en 2024 y 2025 no señalan a Venezuela ni como productor, ni traficante, ni cultivador de drogas. «En conclusión, de acuerdo con todos los informes de organismos especializados en la materia, nuestro país no constituye un actor relevante en este ámbito», subrayó.
Asimismo, el Gobierno venezolano apuntó a Colombia y Perú como los verdaderos centros de producción de cocaína en la región. «Este mismo informe reafirma que la producción de cocaína proviene fundamentalmente de Colombia (…) sumada al Perú, donde la producción ha ido incrementándose desde la llegada de gobiernos ilegítimos luego del golpe de Estado al presidente Pedro Castillo», señaló el comunicado.
Caracas hace un análisis sobre el narcotráfico
Caracas también recordó que, desde el inicio del Plan Colombia en 2009, cuando se instalaron bases militares estadounidenses, la producción de cocaína ha aumentado de manera sostenida. «El mismo ONUDD para el año 2025 señala que el 87 % de las exportaciones de cocaína provenientes de Colombia se moviliza por el océano Pacífico (…) y apenas un 5 % intenta movilizarse a través del territorio venezolano», mientras que de esa cantidad, «al menos 70 % es capturado por las autoridades», recalcó.
En cuanto al lavado de dinero, el comunicado resaltó que «entre un 20 y un 30 % de ese dinero es lavado en los EE.UU., llegando a representar un 2,7 % del PIB de este país», recordando que bancos como HSBC o Wells Fargo han sido multados por su relación con capitales provenientes del narcotráfico.
Caracas denunció que la acusación forma parte «de una nueva fase de la obsesiva, permanente y fracasada política de ‘cambio de régimen'» de Washington. Además, advirtió sobre la amenaza de una agresión militar: «A esta gran farsa de propaganda al peor estilo hollywoodense, se suma ahora un nuevo elemento: la amenaza de agresión militar contra Venezuela».
Finalmente, el comunicado expresa: «Venezuela reafirma ante la comunidad internacional su sólida voluntad de la defensa de su soberanía, integridad, y paz (…) ¡No han podido, ni podrán!».
