Trump en un escenario de máxima tensión política y militar para Estados Unidos, ordenó el despliegue de tropas federales en Portland, Oregón, y autorizó el uso de “fuerza total, si es necesario” para resguardar instalaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Al mismo tiempo, firmó una orden ejecutiva que declara al movimiento Antifa como una “organización terrorista nacional”, desatando una ola de críticas legales, institucionales y ciudadanas.
Antifa se opone al neonazismo, el neofascismo, el supremacismo blanco y el racismo, y más recientemente, a la extrema derecha y a lo que consideran como «un autoritarismo creciente» en el gobierno de Donald Trump.
La orden militar se da en un contexto de protestas frente a centros del ICE y recientes episodios de violencia. Trump, mediante su canal Truth Social, afirmó: “He dado instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”. También señaló que autoriza “el uso de fuerza total, si es necesario”.
Las autoridades locales reaccionaron con rechazo. El alcalde de Portland declaró: “El número de tropas necesarias es cero. El presidente no encontrará anarquía ni violencia aquí a menos que él la provoque”.
La gobernadora de Oregón y mandos estatales también deslindaron responsabilidades y cuestionaron la decisión como un abuso de autoridad.
Este despliegue representa uno de los usos más agresivos del poder militar dentro del territorio estadounidense en años recientes. Algunos analistas advierten que podría violar el Posse Comitatus Act (ley que limita el uso de fuerzas militares en tareas de orden público) si no se invoca el Acta de Insurrección o una emergencia debidamente declarada.
Trump los declara terroristas
En paralelo, la orden ejecutiva designando a Antifa como una organización terrorista ha generado profundas dudas legales. Trump describe a Antifa como “una empresa militarista, anarquista, radical de izquierda, que explícitamente llama al derrocamiento del Gobierno de EE. UU.”
Pero expertos jurídicos señalan que EE. UU. no tiene un mecanismo legal establecido para declarar organizaciones terroristas dentro del país, dado que las designaciones de terrorismo se aplican habitualmente a entidades extranjeras.
El exdirector del FBI Christopher Wray también ha señalado que Antifa se describe mejor como una ideología o movimiento descentralizado que carece de liderazgo definido.
El observatorio legal subraya que, incluso con la orden presidencial, no está claro qué acciones concretas deberán adoptarse ni cómo identificarse a los individuos implicados. Las protecciones constitucionales del derecho de asociación y de libertad de expresión complican cualquier intento de perseguir simbólicamente a quienes se autoidentifican públicamente como parte del movimiento.
Por otra parte, la muerte del activista conservador Charlie Kirk, ocurrida el 10 de septiembre, parece haber sido el catalizador inmediato para las decisiones de Trump. El mandatario responsabilizó a Antifa del asesinato —aunque hasta ahora no hay pruebas concluyentes que vinculen el caso con dicho movimiento— y reforzó su discurso de mano dura.
Críticos alertan que esta estrategia puede representar una ofensiva política disfrazada de seguridad: apuntar a cualquier manifestante de izquierda bajo la etiqueta de “terrorista” podría ampliar el control estatal sobre la disidencia.
También señalan una doble rasero: mientras se persigue a grupos de izquierda, movimientos extremistas de derecha rara vez han sido objeto de medidas similares en esta administración.
A nivel nacional, congresistas demócratas y expertos en derechos civiles han anunciado posibles impugnaciones judiciales. Se espera que los próximos días vean demandas por inconstitucionalidad, auditorías al despliegue militar y debates en el Congreso sobre los límites del poder ejecutivo en tiempos de polarización.
Trump, por su parte, parece decidido a consolidar una narrativa de “orden contra anarquía”, presentando a Antifa como enemigo interno y haciendo del uso del ejército un instrumento de gobierno. Pero la legalidad, la proporcionalidad y los efectos en una sociedad tan fragmentada seguirán siendo materia de disputas políticas y judiciales en los meses venideros.
