Más de 30 partidos políticos en República Dominicana expresaron este miércoles su rechazo categórico a la decisión del Gobierno de Santo Domingo de excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba de la próxima Cumbre de las Américas. La medida, que generó un inmediato eco regional, fue interpretada como una imposición de Washington para condicionar la participación en el evento continental.
En un comunicado conjunto, las organizaciones políticas dominicanas denunciaron que la exclusión constituye un “acto discriminatorio y antidemocrático”, contrario al espíritu integrador que debería guiar a la cumbre. Los partidos advirtieron que la política de marginar a países por razones ideológicas o de alineamientos internacionales atenta contra la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe.
Alba se suma al rechazo por la cumbre excluyente
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) también se pronunció en contra de la decisión dominicana. En un comunicado difundido por la secretaría del bloque, se acusó a Estados Unidos de ejercer presión directa sobre República Dominicana.
Según el documento, esta exclusión fue “impuesta por Washington para controlar la actividad del organismo regional” y responde a la estrategia estadounidense de aislar a gobiernos que no se alinean con su política exterior.
El bloque regional recordó que tanto Venezuela como Cuba y Nicaragua han sido objeto de sanciones unilaterales y campañas de aislamiento internacional, lo que consideran una violación del derecho internacional y del principio de no injerencia.
“Las cumbres regionales no deben ser espacios de exclusión, sino de diálogo multilateral y respeto mutuo”, señaló el ALBA-TCP.
La decisión de Santo Domingo se inscribe en un escenario de creciente polarización política en América Latina, donde diversos países han cuestionado los intentos de condicionar la participación en foros multilaterales. Para los partidos dominicanos firmantes, la exclusión debilita la legitimidad de la cumbre y mina las posibilidades de construir consensos en torno a los problemas comunes de la región.
Varios analistas han advertido que este tipo de medidas podrían profundizar la división entre bloques regionales. Mientras algunos gobiernos mantienen una postura cercana a Washington, otros impulsan mecanismos alternativos de integración, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que busca garantizar la participación de todos los países sin excepciones políticas.
El rechazo en República Dominicana refleja un creciente descontento interno con las decisiones de política exterior tomadas por el Ejecutivo. Diversos dirigentes locales consideran que la subordinación a intereses externos erosiona la soberanía nacional y compromete el papel de Santo Domingo como actor de consenso en el Caribe.
La controversia ocurre en un momento en que América Latina enfrenta múltiples desafíos comunes: migración, seguridad, crisis climática, y desarrollo económico. Sectores críticos sostienen que excluir a tres países fundadores de procesos de integración regional contradice el espíritu de unidad necesario para enfrentar esos retos.
Mientras tanto, tanto Caracas, Managua y La Habana han mantenido silencio oficial inmediato sobre la decisión dominicana, aunque se espera que sus cancillerías eleven quejas formales en foros multilaterales. Por su parte, el ALBA-TCP reiteró que continuará denunciando lo que considera una política de “doble rasero” impulsada desde Washington y aplicada por gobiernos aliados en la región.
