El 3 de octubre de 1899, Venezuela, Reino Unido y la entonces Guyana Británica firmaron el Laudo Arbitral de París, que demarcaba los límites terrestres entre las naciones suramericanas. Aunque pertenece a otro siglo y aparentemente a otra realidad, este texto legal amañado tiene resonancias que mucho hablan del neocolonialismo actual.
Mediante este arbitraje, Reino Unido se apropió de la región Guayana Esequiba, cerca de 160 kilómetros cuadrados al este del río Cuyuní. Ante reclamos por parte de Venezuela, Naciones Unidas en 1966 observó las fallas legales de este dictamen. Entre los argumentos se considera que Venezuela tuvo que aceptar el Tratado de Arbitraje de 1897 bajo presión indebida por parte de los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Por demás, Venezuela no solo sufrió coacción sino distorsión y ocultamiento de información, con mapas adulterados con meses de antelación a la firma del laudo por la Colonial Office.
Esta protesta de Venezuela y su ponderación por Naciones Unidas, llevaron a la firma de las tres partes del Acuerdo de Ginebra de 1966, que estableció las bases para la resolución conjunta, pacífica y satisfactoria de la controversia territorial, basándose en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.
La controversia derivó entonces en un entendimiento de la diferencia. Las relaciones entre Guyana y Venezuela estuvieron basadas en la buena vecindad. En 2015, el gobierno guyanés bajo la presidencia de David A. Granger autorizó exploraciones sísmicas en el Bloque Stabroek, ubicado en aguas de la Guayana Esequiba, a pesar de las protestas de Venezuela por estas labores en la zona en reclamación.
A espaldas de Venezuela, Guyana firmó en 2016 un Acuerdo de Reparto de la Producción con ExxonMobil. En 2018, llevó unilateralmente el caso por la controversia territorial ante la Corte Internacional de Justicia contra la República Bolivariana, un año antes de la primera extracción de crudo en diciembre de 2019 en el pozo Liza.
El lastre colonialista entonces pervive, no en la controversia, sino en la interpretación y acciones que Guyana ha tomado en torno a ella, en clara sumisión a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea y especialmente, en contra de Venezuela.
El trato con Exxon, para el expolio de petróleo en aguas por delimitar, es ostensiblemente desventajoso. Según su artículo 15, la petrolera no paga impuestos al gobierno guyanés y su distribución de ganancias deja un 12,5% de ganancias a Guyana más un 2% en regalías. ExxonMobil, bajo el concepto de recuperación de gastos de producción más dividendos, goza de un 85,5% de ganancias. Bajo este acuerdo, Guyana ha otorgado a ExxonMobil siete licencias petroleras.
El mayor costo para Guyana más allá de lo financiero, ha sido el regreso a patrones neocoloniales y el detrimento de sus relaciones con Venezuela. En 2023 y ante el expolio en esa región, República Bolivariana condujo su Referéndum sobre la Guayana Esequiba, que derivó en amplia aprobación popular y por ende, la sanción en mayo de 2024 de la Ley Orgánica en defensa de la Guayana Esequiba, que daba al territorio el estatus de Estado. Ese mismo mes, dos aviones de combate F/A-18F Super Hornet de la Marina de los Estados Unidos realizaron un ejercicio de sobrevuelo sobre Georgetown.
En 2025, Venezuela realizó sus comicios de gobernadores en sus 24 estados, incluida la Guayana Esequiba. Días antes, las Fuerzas de Defensa de Guyana reportaron tres supuestos ataques desde el margen venezolano del río Cuyuní. Las GDF levantaron acusaciones similares horas antes de las elecciones presidenciales de Guyana. Las autoridades guyanesas no han presentado evidencias testimoniales ni tangibles en ninguno de los casos.
A estas acciones hostiles, se suman otras acusaciones infundadas contra Venezuela, como fue el reciente discurso del presidente guyanés Irfaan Ali en Naciones Unidas, en el que denunció supuestos intentos anexionistas de Venezuela contra su país.
Todas estas acciones han fraccionado las relaciones entre ambas naciones, con el fin de proteger las operaciones de ExxonMobil en aguas por delimitar, así como servir a Estados Unidos en su agresión a Venezuela.
126 años después, una vez más, Guyana contribuye al robo de recursos a Venezuela en favor de una potencia occidental extranjera y urde engaños sobre la República Bolivariana. Superado y sobreseído, el Laudo Arbitral es usado a conveniencia por quienes tienen el mismo propósito: el ataque a la república Bolivariana.
