Un informe legal clasificado elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos podría facultar al presidente Donald Trump a ordenar ataques letales contra presuntos miembros de cárteles de la droga sin pasar por tribunales, advierten fuentes citadas por CNN.
Según esas mismas fuentes, la opinión legal argumenta que el mandatario tendría autoridad para atacar a una “lista secreta y extensa de cárteles y presuntos narcotraficantes” respaldándose en que representan una “amenaza inminente para los estadounidenses”.
El documento clasificado extendería su alcance más allá de las organizaciones que EE. UU. reconoce públicamente como terroristas, incluyendo actores menos conocidos o no designados formalmente, de acuerdo con las fuentes que aportaron detalles a CNN.
Aunque la OLC tiene como función principal emitir dictámenes legales para el presidente, el fiscal general y las agencias federales, expertos consultados por la cadena califican esta opinión como “significativa” y con un alcance jurisprudencial extraordinario. Especialistas coinciden en que la propuesta “parece justificar una guerra abierta contra una lista secreta de grupos, otorgando al presidente el poder de designar a narcotraficantes como combatientes enemigos y ordenar su ejecución sin revisión judicial”.
Sarah Harrison, exasesora legal adjunta del Departamento de Defensa y actualmente analista sénior del Crisis Group, advirtió que, si la opinión es “tan amplia como parece”, permitiría al Departamento de Justicia interpretar que el presidente dispone de poderes “tan extraordinarios que puede decidir por sí solo librar una guerra mucho más amplia que la autorizada por el Congreso tras los atentados del 11 de septiembre”.
Harrison agregó que el texto de la OLC facultaría a la Administración Trump para considerar que cualquier grupo al que se acuse de traficar drogas hacia EE. UU. estaría realizando un “ataque contra el país”, lo que justificaría una respuesta militar.
El nuevo dictamen serviría de base para un memorando que la Administración habría enviado recientemente al Congreso, donde Trump habría calificado a los cárteles como “combatientes ilegales” y declarado que EE. UU. está librando un “conflicto armado” contra ellos. Esa justificación legal se usaría para respaldar ataques militares letales, por ejemplo contra embarcaciones de narcotráfico detectadas en el Caribe.
Trump ataca en el Caribe
Precisamente, el pasado 3 de octubre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió un video que mostraba un ataque a un supuesto “barco narcotraficante” en aguas internacionales cerca de Venezuela, ordenado por Trump, que habría dejado cuatro muertos a quienes calificó de “narcoterroristas”.
Ya antes, el 2 de septiembre, el presidente informó que otro ataque contra un “narcobarco” había dejado 11 muertos. También se registraron operaciones los días 15 y 19 de septiembre, con resultados letales y destrucción de embarcaciones presuntamente implicadas en el narcotráfico.
Fuentes dentro del Pentágono, incluidas oficinas jurídicas del Departamento de Defensa, cuestionan la base legal de estas operaciones. Sin embargo, no pueden anular la interpretación del OLC, que opera como la lectura oficial del poder ejecutivo, y muchos militares evitan expresar objeciones públicamente, según dijeron tres oficiales en activo.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó los operativos como “agresión” por cuanto su país no es ruta principal del narcotráfico hacia EE. UU. Otros gobiernos de la región —como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Colombia— han cuestionado la validez de las acusaciones estadounidenses contra Venezuela y denuncian intereses estratégicos del país norteño. Los bloques regionales como la CELAC y la ALBA han exigido el respeto al carácter pacífico de América Latina y Caribe.
En suma, el documento clasificado del DOJ implica un rediseño radical de la guerra contra las drogas: elevar el combate contra cárteles a una guerra militar autoritaria, sin controles judiciales ni supervisión legislativa, con riesgos legales, geopolíticos y de sobredimensionamiento del poder presidencial.
