El gigante petrolero ExxonMobil deberá justificar y devolver al gobierno de Guyana cifras millonarias que impuso durante sus operaciones desde 2020 hasta la fecha, con la tercera auditoría todavía en curso.
“Los auditores señalarían una cifra y luego volvería a la empresa, y la empresa podría presentar pruebas o recibos de todo, por lo que se seguiría ajustando constantemente, así que no sirve de nada que dé una cifra, ya que podría suscitar preguntas por todas partes” dijo a la prensa local el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Vickram Bharrat.
El ministro se refiere a la auditoría en curso, la tercera que se conduce sobre las operaciones de la gigante petrolera ExxonMobil en Guyana. Actualmente la Autoridad Fiscal de Guyana (GRA) mantiene conversaciones con ExxonMobil Guyana Limited (EMGL) subsidiaria de ExxonMobil, sobre las conclusiones de la tercera auditoría realizada por VHE Consulting.
Los auditores examinaron el destino de unos 19,6 billones de dólares en gastos incurridos por el operador del bloque Stabroek durante el período comprendido entre 2021 y 2023. El proceso de la tercera auditoría comenzó en noviembre de 2024 y debía culminar en marzo de 2025, pero recibió una extensión por parte del gobierno, considerándola como la más extensa y compleja en realizarse.
ExxonMobil opera en aguas por delimitar con Venezuela, por lo que sus operaciones extractivas constituyen un expolio de un recurso por titular, en colusión con el gobierno de Guyana. Venezuela mantiene sus derechos históricos irrenunciables sobre la Guayana Esequiba, sus aguas y recursos en tanto son patrimonio del pueblo venezolano.
Primeras auditorías a ExxonMobil
La GRA condujo dos auditorías previas. La primera de ellas abarcó el período comprendido entre 1999 y 2017. Durante ese tiempo, Exxon declaró haber incurrido en gastos por valor de 1,6 billones de dólares estadounidenses, pero los auditores británicos descubrieron que 214 millones de esos costos se habían impuesto indebidamente. Por su parte, el gobierno ha afirmado que no va a ceder en cuanto a la cifra y que dialogará con ExxonMobil para que devuelva la suma.
Por su parte, la segunda auditoría abarcó el periodo 2018-2020. Un equipo de auditores guyaneses se encargó de revisar unos 7,2 billones de dólares en costos y descubrió que 65,1 millones de dólares se habían impuesto incorrectamente al gobierno.
ExxonMobil en total, se ha apropiado de 300 millones de dólares en el periodo de 1999 a 2020. En 2019 Exxon comenzó la extracción de crudo en el proyecto Liza del Bloque Stabroek, ubicado en aguas por delimitar con Venezuela. Actualmente explota 4 proyectos en los que diariamente produce en promedio 680 000 barriles de crudo, con tres más en licencia. En proporción, los gastos de producción, ganancias y por ende las sumas indebidamente impuestas deben ser mayores.
Este proceso de auditoría verifica la legalidad de las actividades de la petrolera estadounidense en Guyana, luego de cuestionamientos a su buena fe. En septiembre, un grupo de senadores estadounidenses envió una carta a directivos de la compañía exigiendo transparencia sobre sus reportes fiscales en Estados Unidos.
Según el artículo 15 del Acuerdo de Reparto de la producción de 2016, ExxonMobil no paga impuestos al gobierno de Guyana, pero recibe de esta autoridad un recibo que refleja como pago tributario las regalías que debe al país. Exxon presenta esta supuesta constancia de pago a las autoridades estadounidenses y así evita pagar impuestos, bajo una cláusula legal que evita la doble tasación. Por demás, según el propio PSA, la compañía disfruta de un 75% de las ganancias bajo concepto de recuperación de costos de producción, más el 10,5 % como ganancias netas. Guyana ve un 12,5% en ganancias y 2% en regalías.
«La auditoría es una farsa”
Detractores de las actividades de Exxon en las aguas por delimitar apuntan a que la compañía podría ocultar información esencial sobre las reservas de petróleo en el Bloque Stabroek.
El diputado guyanés de la Alianza para el Cambio (AFC), David Patterson, recientemente apuntó a que Exxon había mentido en sus reportes de estudios sísmicos y que las reservas podían ser hasta el doble de lo indicado. Patterson también afirmó que este proceso de auditoría es una “farsa”.
“Bueno, creo que es una farsa. Quiero decir, creo que es absolutamente ridículo, porque la primera auditoría ya se completó. Eso está en disputa. Dijeron que iban a ir a arbitraje. No hemos sabido nada. Se suponía que la segunda auditoría ya se había completado. Cuestionamos la validez de esa auditoría, su solidez, pero se ha completado. Eso está en disputa. Se suponía que la tercera auditoría estaba terminada, pero aún no se ha hecho pública”, afirmó Patterson y añadió que “realmente, es ridículo pensar que estamos a punto de cumplir diez años desde el descubrimiento del petróleo y seis años de producción petrolera y no podemos conseguir una sola auditoría, ¿verdad? Una auditoría realizada públicamente y sellada”.
El gobierno de Guyana ha recibido fuertes críticas por la falta de transparencia en la información concerniente a los negocios con Exxon, desde la administración de David Granger, quien firmó el PSA. Recientemente, la administración Ali estuvo bajo escarnio por parte del abogado y contador Christopher Ram, quien apuntó a falta de información por parte del gobierno sobre este tópico y la falta de interés por renegociar el PSA.
“Este es el mismo gobierno que redujo la cantidad de 214 millones de dólares estadounidenses a 3 millones, por lo que realmente no tiene ningún interés en molestar a Exxon. Creo que son más favorables a los operadores que los propios operadores” indicó Patterson, apuntando a posible colusión del gobierno con Exxon en el desvío de activos públicos.
