En medio de fuertes tensiones con autoridades estatales y judiciales, Donald Trump, manifestó que está preparado para invocar la Ley de Insurrección con el fin de desplegar el Ejército en ciudades donde, según él, el crimen ha escapado del control local. La medida sería una escalada sin precedentes del uso del poder militar en territorio nacional.
“Lo haría si fuera necesario. Hasta ahora no ha sido necesario, pero tenemos la Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos estuvieran frenando o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran frenando, claro que lo haría”, declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca.
El mandatario apuntó especialmente contra ciudades como Chicago y Portland, criticando al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quienes habían denunciado el despliegue federal de la Guardia Nacional en sus territorios. Trump acusó que esos líderes locales sostienen que “lo tienen todo bajo control”, aunque “ocurre lo contrario”.
“Basta ver lo que ha pasado en Portland en los últimos años: es un infierno en llamas” y advirtió que “tenemos que salvar Chicago”. Sentenció.
¿Qué es la ley de insurrección?
La Ley de Insurrección, vigente desde 1807 con modificaciones posteriores, autoriza al presidente a desplegar las fuerzas armadas o federalizar la Guardia Nacional cuando haya “obstrucciones ilegales, combinaciones, asambleas o rebelión” que impidan la ejecución de las leyes federales.
En estos casos, el presidente puede actuar sin necesidad de aprobación del Congreso, aunque debe emitir una proclamación que dé tiempo a los ciudadanos para dispersarse.
Trump advirtió que si gobernadores o jueces bloquean sus órdenes de despliegue, podría recurrir a esta ley para continuar con su estrategia de seguridad interior.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte oposición política y jurídica. El estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda para bloquear el despliegue federal de tropas de la Guardia Nacional en esa ciudad, argumentando que la medida viola los límites constitucionales del poder presidencial.
Mientras tanto, una juez federal en Oregón, Karin Immergut, dictó una orden temporal que impide el envío de tropas a Portland, argumentando que las manifestaciones actuales no justifican la intervención militar bajo los estándares legales.
Duras críticas a Trump
Analistas y juristas advierten que, aunque históricamente los tribunales han otorgado un amplio margen al presidente en estos casos, el uso actual de la Ley de Insurrección podría desencadenar litigios intensos y plantear cuestionamientos constitucionales profundos.
Un reciente sondeo Reuters/Ipsos reveló que el 58 % de los estadounidenses opina que el despliegue de tropas solo debería ocurrir frente a amenazas externas, y apenas 37 % avala que el presidente las envíe pese a la oposición estatal.
Para muchos opositores, el anuncio representa un giro autoritario. En Illinois, el gobernador Pritzker comparó la táctica con “los primeros días del régimen nazi” y señaló que el presidente está quitando derechos de forma gradual.
El alcalde Johnson, por su parte, denunció que Trump “quiere ocupar nuestra ciudad y romper nuestra Constitución”.
El gobernador demócrata de Illinois, Jay Robert Pritzker, criticó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago. Pritzker trazó un paralelismo polémico entre la política de Trump y «los primeros días del régimen nazi«.
En declaraciones a una radio local, el alto funcionario calificó la acción como un acto de «autoritarismo». Pritzker, quien ayudó a construir un museo del Holocausto, argumentó que lo que se está presenciando es idéntico a los inicios del nazismo: «En los primeros días del régimen nazi, comenzaron a quitarle los derechos a la gente de manera lenta pero segura. Y lo que estamos viendo ahora es exactamente lo mismo», afirmó.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Protect Democracy advierten que una decisión así podría ser «peligrosa» al debilitar los controles democráticos sobre el poder presidencial.
