Estados Unidos ha vuelto a colocar sobre la mesa una de las doctrinas jurídicas más polémicas del derecho internacional contemporáneo: la denominada “No dispuesto o incapaz” (Unwilling or Unable), un concepto que ha servido en el pasado para legitimar intervenciones militares sin el consentimiento del Estado afectado.
Esta doctrina sostiene que un país puede usar la fuerza extraterritorialmente en “legítima defensa” cuando el Estado en cuyo territorio se encuentra una amenaza “no está dispuesto” o “no es capaz” de eliminarla. En palabras simples, si un país no combate a un grupo armado que supuestamente amenaza a otro Estado, ese otro Estado puede intervenir militarmente sin permiso.
Según los defensores de esta interpretación, “la soberanía no debe ser escudo para la inacción” frente a organizaciones terroristas. Sin embargo, juristas internacionales advierten que la doctrina erosiona el principio de soberanía estatal y socava el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, consagrado en la Carta de 1945.
Antecedentes en Siria

El caso más emblemático del uso de esta doctrina fue en 2014, cuando la administración de Barack Obama lanzó una campaña aérea contra el Estado Islámico (EI) dentro del territorio sirio, sin autorización del gobierno de Damasco ni del Consejo de Seguridad de la ONU. Washington argumentó que Siria era “incapaz o no estaba dispuesta” a controlar al EI, y por tanto actuaba en legítima defensa colectiva junto a Irak.
Esa decisión abrió un precedente legal y geopolítico: permitió a Estados Unidos usar la fuerza contra actores no estatales en terceros países, sin declarar guerra ni ocupar formalmente el territorio. Desde entonces, la doctrina ha sido invocada —aunque sin consenso internacional— en operaciones contra grupos armados en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia.
Riesgos y controversias

El principal peligro de esta doctrina radica en que permite reinterpretar las normas del uso de la fuerza internacional. En lugar de recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU o al consentimiento del Estado afectado, basta con que un país alegue que otro “no actúa” frente a una amenaza para justificar ataques preventivos.
Juristas del Instituto Internacional de Derecho Humanitario advierten que este marco “debilita los mecanismos multilaterales y promueve la unilateralidad”. Además, podría legitimar futuras acciones militares bajo criterios subjetivos, abriendo la puerta a abusos.
Implicaciones para América Latina

Fuentes diplomáticas en Caracas y Georgetown señalan que esta doctrina podría explicar por qué algunos territorios del Caribe —como Trinidad y Tobago, Guyana y Puerto Rico— han declarado recientemente a organizaciones criminales como el Cártel de los Soles o el Tren de Aragua como “grupos terroristas”.
Bajo esa etiqueta, Estados Unidos y sus aliados podrían argumentar que tienen derecho a intervenir en caso de que consideren que los Estados involucrados “no están dispuestos o no son capaces” de frenar a estas organizaciones.
Expertos en seguridad regional advierten que “la narrativa del terrorismo transnacional puede servir de antesala a una justificación legal para operaciones militares en el Caribe o Sudamérica”, reproduciendo el mismo patrón aplicado en Siria.
En ese contexto, analistas como la Dra. Carmen Coronado profesora de derecho de la Universidad Bolivariana de Venezuela subrayan que “el verdadero debate no es jurídico, sino político”: la doctrina “No dispuesto o incapaz” se convierte en una herramienta geoestratégica, capaz de reconfigurar zonas de influencia bajo el manto del derecho internacional.
A pesar de su aparente lógica defensiva, esta doctrina sigue siendo vista por la mayoría de los países del Sur Global como un instrumento de poder que legitima intervenciones selectivas, según los intereses del país que la invoque.
Venezuela convoca sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad fe la ONU.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció a través de Telegram que el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha solicitado formalmente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El motivo es la grave escalada de agresiones y el despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en la región del Caribe.
La solicitud, dirigida al Embajador Vassily A. Nebenzia, actual Presidente del Consejo de Seguridad, subraya que las acciones estadounidenses de las últimas semanas representan un claro peligro para la Zona de Paz en América Latina y el Caribe. Estas acciones incluyen el despliegue de destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas.
Los puntos más importantes contenidos en el texto diplomático de la Misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU al Presidente del Consejo de Seguridad, con fecha 9 de octubre de 2025 son los siguientes:
- Solicitud de Reunión Urgente del Consejo de Seguridad: Venezuela solicita formalmente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU (invocando el Artículo 39 de la Carta) para discutir la escalada de las agresiones y el plan de agresión en curso por parte de Estados Unidos.
- Agresión y Objetivo de «Cambio de Régimen»: Denuncia que el gobierno de Estados Unidos está intensificando la agresión con más de 7.000 medidas coercitivas unilaterales y que el fin último sigue siendo el «cambio de régimen» para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.
- Despliegue Militar Inédito: Informa sobre un despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe (incluyendo destructores misilísticos, submarinos nucleares, tropas élite y misiones encubiertas) cerca de las costas venezolanas. Esto se califica como una violación del Tratado de Tlatelolco y de la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
- Pretextos Falsos y Amenazas Directas:
- Alega que la «lucha contra el narcotráfico» es un falso pretexto, señalando que la mayor parte de la droga (87%) que llega a EE. UU. lo hace por rutas del Pacífico y no del Caribe.
- Menciona tres declaraciones «peligrosas» del Presidente Donald Trump (septiembre y octubre de 2025) que incluyen la intención de usar la fuerza militar para «hacer volar al Presidente Nicolás Maduro Moros» y la determinación de que EE. UU. está en un «conflicto armado» con carteles de la droga para justificar una posible invasión militar.
- Riesgo de Ataque Armado Inminente: Advierte que la movilización militar y la escalada de acciones hostiles crean una realidad que confirma que un ataque armado por parte de Estados Unidos contra Venezuela puede ocurrir en muy corto plazo. Compara el uso del narcotráfico como excusa con el pretexto de 2003 contra Irak para apoderarse de su petróleo.
- Violaciones de Derechos Humanos: Acusa a Estados Unidos de flagrantes violaciones de derechos humanos, incluyendo el bombardeo de embarcaciones civiles y ejecuciones extrajudiciales de expertos independientes de la ONU en el Caribe.
- Compromiso de Venezuela: Venezuela reitera que no es una amenaza para nadie, es un país pacífico y, a pesar de ser víctima de agresión, reafirma su compromiso con el diálogo y la diplomacia como únicas vías para preservar la paz y defender su soberanía nacional.
Mientras tanto, en los organismos multilaterales continúa el debate sobre los límites de la legítima defensa y la urgente necesidad de reafirmar la primacía del derecho internacional y la soberanía de los Estados.