El gobierno de Trinidad y Tobago reiteró su apoyo al despliegue militar naval de los Estados Unidos en el Caribe y sus ataques contra embarcaciones de menor calado en aguas regionales. Esta declaración se produce horas después de una emitida por Caricom, calificando de ilegales estas acciones.
“El Gobierno de Trinidad y Tobago desea expresar categóricamente su firme apoyo a la intervención militar en curso de los Estados Unidos de América en la Región” reza el comunicado.
El partido gobernante en Trinidad y Tobago llama directamente a estas acciones “intervención militar” en un contexto de alta tensión contra Venezuela. Desde el 14 de agosto, Estados Unidos mantiene desplegado el grupo anfibio listo y una fuerza de más de 4500 marines en aguas inmediatas a Venezuela, en un acto amenazante e intimidatorio.
También desde el 2 de septiembre, estas fuerzas conducen ataques cinéticos contra embarcaciones de menor calado en aguas del Caribe, contando siete hasta la fecha y un total de 32 fallecidos.
Caricom, que se mostró dividida en torno a esta situación, emitió una declaración conjunta de sus jefes y jefas de Estado en la que rechazan el proceder del ejército estadounidense y reiteran el estatus del Caribe como Zona de Paz. Solo se abstuvo de participar en esta declaración Trinidad y Tobago.
“Estas operaciones encaminadas a combatir el narco y el tráfico de personas y otras formas de delincuencia transnacional tienen por objetivo en última instancia permitir que la Región sea una verdadera «zona de paz» en la que todos los ciudadanos puedan, en realidad, vivir y trabajar en un entorno seguro” afirma el comunicado.
Gobierno de Trinidad y Tobago: lejos de la región y de su gente
Por otra parte, el gobierno de la primera ministra Kamla Persad Bissessar enfrenta duras críticas por su apoyo a estos ataques desde el primero realizado y su silencio actual sobre las denuncias del asesinato de dos connacionales en uno de los últimos ataques, acontecido el 14 de septiembre.
“El Gobierno de Trinidad y Tobago afirma que estas operaciones no están destinadas a personas respetuosas de la ley, específicamente a los pescadores y otras personas marineras que buscan ganarse la vida honestamente. Alternativamente, se advierte a todas las personas que traten de realizar o apoyar indirectamente cualquier actividad ilegal en la Región que, si tienen esa inclinación, lo hacen bajo su propio riesgo” explica.
Estos ataques se realizan sin comprobar la información sobre las naves, por lo que Washington no ofrece evidencia de sus supuestos reportes de inteligencia. Estos ataques se realizan violando los protocolos internacionales de detención en alta mar, por lo que su legalidad es nula o muy cuestionable.
La primera ministra Kamla Persad Bissessar, luego del primer ataque, afirmó que Estados Unidos debía “matarlos a todos violentamente”. Por su parte, ante la preocupación de los habitantes de zonas costeras por la posibilidad de perecer realizando sus labores de pesca, el ministro de defensa de Trinidad y Tobago, Wayne Sturge, afirmó que los pescadores que vayan a alta mar en aguas cercanas a Venezuela, están “por su cuenta.”
Entre otras acciones, Estados Unidos extiende su campaña de terror en Trinidad y Tobago con una advertencia a sus connacionales a mantener cuidado y alejarse de las instituciones del gobierno estadounidense en Puerto España, capital de la nación insular. Ni el gobierno ni las autoridades estadounidenses han dado razón para esta advertencia, en un procedimiento que se desarrolla en un contexto de alta tensión contra Venezuela.
