Donald Trump tendría hasta el 2 de noviembre para retirar su despliegue militar en el Caribe, de acuerdo al exasesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos y experto en operaciones antiterroristas, Ryan Goodman.
En una entrevista con CNN, Goodman expresó preocupación sobre la legalidad de los recientes bombardeos ordenados por el presidente estadounidense en aguas internacionales.
Según el experto y exfuncionario, estas acciones no tienen fundamento legal, ni dentro del derecho interno de EE. UU. ni en las normas internacionales.
Para que un ataque militar de este tipo sea legítimo, debe cumplir con varios requisitos legales: debe ser una respuesta a un ataque armado, debe ser necesario y proporcional, y debe contar con la autorización del Congreso de EE. UU.
Goodman resaltó que, en este caso, ninguna de esas condiciones parece cumplirse.
El analista fue más allá y vaticinó que el uso de bombarderos B-2 en la región y los ataques a tierra podrían considerarse una «violación de la soberanía» de los países afectados. «Cuando se pasa de los mares internacionales a atacar en territorio de un país soberano, se cruza una línea legalmente delicada», explicó.
Además, recordó que la Ley de Poderes de Guerra establece un límite temporal para las operaciones militares no autorizadas por el Congreso, y señaló que dichos plazos expirarían a principios de noviembre.
Goodman toma como punto de partida el primer ataque reportado contra una embarcación el 2 de septiembre de 2025, aunque en realidad, el despliegue naval en el Caribe comenzó en fecha próxima al 14 de agosto.
«Estas acciones podrían estar sujetas a sanciones por homicidio bajo la legislación común, dado que, según informes preliminares, las víctimas eran civiles vinculados al contrabando», añadió.
El exasesor también insistió en que la administración Trump carece de autoridad tanto a nivel nacional como internacional para continuar con estas operaciones militares. Los bombardeos forman parte de una campaña en el Caribe iniciada en septiembre, cuyo objetivo declarado es combatir las redes de narcotráfico.
Desde el inicio de esta operación, las autoridades estadounidenses han confirmado al menos seis ataques “cinéticos letales”, dirigidos principalmente contra lo que Washington considera «organizaciones narcoterroristas». En el más reciente, ocurrido el 17 de octubre, se informó de la muerte de tres personas vinculadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. El ataque anterior, el 14 de octubre, dejó seis fallecidos.
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A pesar de los argumentos de EE. UU. de que estas acciones se han realizado en aguas internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia repetidamente que las operaciones estadounidenses representan una «amenaza directa» a la soberanía de los países de la región. Estas incursiones violan la soberanía regional y calificó la intervención de Washington como una acción agresiva y fuera de lugar.
De acuerdo al analista, las implicaciones de las acciones militares de Estados Unidos podrían tener consecuencias tanto legales como diplomáticas.
¿Qué dice la Ley de Poderes de Guerra? ¿Y por qué Trump podría estar violándola con su despliegue en el Caribe?
La Resolución de poderes de guerra, también conocida como Resolución de poderes de guerra de 1973 o Ley de poderes de Guerra, es una ley federal destinada a controlar el poder del presidente de los EE.UU. para comprometer a los Estados Unidos en un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso de los Estados Unidos.
La resolución establece que el presidente puede enviar las Fuerzas Armadas de los EE.UU. a la acción en el extranjero solo por declaración de guerra del Congreso, «autorización legal», o en caso de «una emergencia nacional creada por un ataque a los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o sus fuerzas Armadas».
La Resolución de Poderes de Guerra requiere que el presidente notifique al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al compromiso de las fuerzas armadas para una acción militar y prohíbe que las fuerzas armadas permanezcan por más de 60 días, con un período adicional de retiro de 30 días, sin la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar (AUMF) o una declaración de guerra por parte de los Estados Unidos. La resolución fue aprobada por dos tercios de la Cámara y el Senado, anulando el veto del presidente Richard Nixon.
La Resolución de poderes de guerra ha sido violada en el pasado, por ejemplo, por el presidente Bill Clinton en 1999, durante la campaña de bombardeos en Kosovo. El Congreso ha desaprobado todos esos incidentes, pero ninguno ha resultado en acciones legales exitosas contra el presidente por presuntas violaciones.
