Un plan anticonstitucional que pone en riesgo la democracia
Steve Bannon, ideólogo y animador de las corrientes más radicales del entorno MAGA, despertó alarma esta semana al afirmar sin ambages que Donald Trump obtendrá un “tercer mandato” en 2028 y que existe «un plan» para lograrlo, pese a que la enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos lo prohíbe.
Las declaraciones, difundidas en una entrevista y en fragmentos virales, han reavivado temores sobre un intento deliberado de socavar límites constitucionales para perpetuar el poder.
Bannon, conocido por su retórica conspirativa y su histórica cercanía al núcleo duro trumpista, aseguró: “Obtendrá un tercer mandato, así que Trump 28, Trump será el presidente número 28, y la gente simplemente tiene que adaptarse a eso.”
Y añadió: “Hay muchas alternativas diferentes; en su momento, explicaremos el plan, pero hay un plan.” Esas frases, reproducidas en redes y en la entrevista, no buscan matices: son una invitación a normalizar lo que la ley federal prohíbe.
Expertos constitucionalistas han sido categóricos: la enmienda 22 establece límites claros sobre la reelección presidencial y no admite atajos sencillos. Cualquier intento de “esquivar” esa disposición requeriría cambios constitucionales complejos o subterfugios institucionales que, de prosperar, transformarían democráticamente al país. La idea de “un plan” se acerca peligrosamente a prácticas que minan el Estado de Derecho, advirtieron analistas.
En la entrevista, Bannon recurrió además a un discurso mesiánico sobre la figura de Trump: “La divina providencia, él es un instrumento… Lo necesitamos al menos un mandato más… y lo conseguirá en el 28.”
Ese lenguaje —mezcla de culto a la personalidad y destino histórico— remite a tácticas que han erosionado contrapesos en otras democracias cuando líderes intentaron perpetuarse en el poder.
Bannon erosiona la institucionalidad
Los críticos subrayan que normalizar la idea de un tercer mandato no es inocuo: es la semilla de un proceso de erosión institucional. Una sociedad puede “votar” por un cambio constitucional, pero el proceso legítimo exige debates, mayorías amplias y transparencia. El atajo propagado por Bannon —“hay muchas alternativas… en su momento explicaremos el plan”— suena más a estrategia de marketing político que a una ruta legal seria.
Al respecto la politóloga de la Universidad del Zulia Edith Cuñarro afirma que. La repetida insinuación de que la “voluntad del pueblo” puede justificar lo que la Constitución prohíbe olvida que la Carta Magna fue diseñada precisamente para proteger a la República de mayorías momentáneas que puedan concentrar el poder.
La reacción pública y la vigilancia de instituciones, prensa y juristas serán decisivas si esa “planificación” continúa escalando. Por ahora, la amenaza real no es solo un proyecto improbable: es la normalización del asalto verbal a pilares constitucionales que, de materializarse, marcaría un hito en la crisis democrática estadounidense.
