Los dos cierres más largos de la historia de EEUU han ocurrido en los mandatos de Donald Trump.
El cierre de gobierno de EE.UU podría convertirse en uno de los más largos de su historia, por la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar un presupuesto federal antes de la fecha límite. La disputa, marcada por tensiones entre republicanos y demócratas, amenaza ahora con prolongar la parálisis de funciones esenciales del Estado y afectar a millones de empleados públicos.
El cierre de gobierno ocurrió porque el Congreso no aprobó las leyes de gasto necesarias para financiar las agencias federales. En esos casos, si no se logra un acuerdo, miles de trabajadores quedan sin salario, se suspendieron programas sociales y se interrumpieron servicios como la emisión de pasaportes, inspecciones alimentarias o el mantenimiento de parques nacionales.
El actual enfrentamiento político ha llevado al país al borde de un escenario inédito. Analistas señalan que, si el bloqueo persiste más allá de la próxima semana, Estados Unidos podría superar el récord del cierre de 35 días ocurrido entre 2018 y 2019 durante la administración Trump. En aquel entonces, el motivo fue el desacuerdo sobre el financiamiento del muro fronterizo con México; hoy, la disputa se centra en el gasto social, el apoyo a Ucrania y la reducción del déficit.
Mientras tanto, los mercados financieros observan con creciente preocupación. La agencia Moody’s advirtió que un cierre prolongado podría afectar la calificación crediticia del país, ya que “socava la confianza en la capacidad de gobernar de Estados Unidos y en su compromiso fiscal”. La incertidumbre también podría golpear la economía doméstica: según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), cada semana de cierre reduce el PIB en un 0,1%.
El presidente Donald Trump ha acusado a los demócratas de “utilizar el presupuesto como arma política”, y sus líderes sostienen que el mandatario busca “imponer recortes drásticos a programas esenciales para las familias trabajadoras”. La polarización, una vez más, amenaza con trasladar las diferencias ideológicas al funcionamiento mismo del Estado.
Los efectos de un cierre prolongado irían más allá de Washington. Sectores dependientes del gasto federal —como defensa, salud y educación— sufrirían retrasos en pagos y contrataciones. Además, más de 2 millones de empleados federales quedarían suspendidos temporalmente o trabajando sin remuneración, lo que impactaría el consumo y la estabilidad de comunidades enteras.
En todo el país, las filas frente a los bancos de comida se han multiplicado a medida que el cierre del gobierno se prolonga y miles de empleados federales permanecen sin recibir su salario. Funcionarios de agencias como la TSA, el Servicio Postal y el Departamento del Interior se han visto obligados a recurrir a la asistencia alimentaria por primera vez en sus vidas.
“Nunca pensé que tendría que pedir comida para mis hijos trabajando para el Gobierno de Estados Unidos”, dijo una empleada federal en declaraciones recogidas por Reuters, reflejando la creciente desesperación entre quienes, pese a seguir cumpliendo sus funciones, no han cobrado en semanas.
Los bancos de alimentos y organizaciones comunitarias informan de una demanda inédita desde la pandemia, mientras intentan abastecerse para cubrir la necesidad. En Washington D.C., Maryland y Virginia —zonas con alta concentración de empleados públicos— las colas se extienden por cuadras enteras.
La situación, que combina vergüenza, frustración y miedo al futuro, ha sido descrita por algunos trabajadores como “un recordatorio doloroso de que incluso el Estado más poderoso del mundo puede fallar en proteger a los suyos”. La solidaridad entre ciudadanos ha crecido, pero la incertidumbre continúa mientras no se vislumbra un acuerdo político que devuelva la estabilidad a sus hogares.
El nuevo récord en puertas del cierre de gobierno reabre el debate sobre la fragilidad del sistema político estadounidense, donde la polarización partidista se ha convertido en un obstáculo para la gestión pública. Exfuncionarios opinan que Estados Unidos no necesita enemigos externos para paralizarse; basta con la falta de consenso interno.
Si el Congreso no actúa, el país enfrentará otra muestra de su creciente disfunción institucional, con consecuencias directas para su economía, su imagen internacional y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
El cierre de EE.UU en datos
Más del 60 % de los empleados federales viven de salario en salario, según cifras de la Federal Employee Union. Esto significa que incluso un retraso de pocos días en el pago tiene un impacto inmediato en su capacidad para cubrir gastos básicos como alimentación, renta y transporte.
los bancos de comida reportan que las solicitudes de ayuda de empleados públicos aumentaron entre un 40 % y un 80 % durante los últimos cierres gubernamentales. En el actual escenario, organizaciones como Feeding America advierten que sus reservas podrían agotarse si el bloqueo político se prolonga, generando una nueva crisis humanitaria silenciosa en pleno corazón de Washington.
Algunos supermercados incluso reportan un aumento en el uso de tarjetas de crédito y préstamos de emergencia por parte de empleados federales para comprar alimentos, una señal clara de la fragilidad económica que el cierre está exponiendo.
Más de 2,2 millones de empleados federales se ven afectados directa o indirectamente por el cierre, según la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB). De ellos, alrededor de 850.000 podrían ser enviados a casa sin salario.
Durante el último cierre prolongado (2018-2019), la economía estadounidense perdió más de 11.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones nunca se recuperaron, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
En menos de dos semanas de retraso en los pagos, las solicitudes de préstamos de emergencia y pagos de nómina retreasados entre empleados federales se disparan, según reportes del sindicato National Treasury Employees Union (NTEU).
En las zonas cercanas a Washington D.C., uno de cada cinco empleados públicos ha tenido que recurrir a un banco de comida o programa de asistencia comunitaria, algo que antes era excepcional.
Muchos trabajadores han comenzado a vender pertenencias personales o usar tarjetas de crédito para sobrevivir: mucgos d elos trabajores no tienen ahorros o muy pocos según una encuesta de Bankrate.
Familias con niños pequeños y madres solteras que trabajan para el gobierno son las más vulnerables: organizaciones como Capital Area Food Bank informan que la demanda de pañales y alimentos infantiles se duplicó en apenas una semana de cierre.
Los retrasos en el pago de hipotecas y alquileres están aumentando. Varias asociaciones de vivienda en Virginia y Maryland estiman que más de 120.000 familias podrían enfrentar avisos de desalojo si el shutdown supera el mes.
El cierre también afecta la administración de justicia: miles de casos judiciales se encuentran paralizados por falta de personal en tribunales federales, lo que incluye procesos migratorios y audiencias laborales.
La seguridad aérea está bajo presión: agentes de la TSA y controladores de vuelo han empezado a faltar a sus turnos, provocando retrasos y cancelaciones en aeropuertos clave como Atlanta, Nueva York y Los Ángeles.
Finalmente, el impacto psicológico es profundo: asociaciones de salud mental advierten que los empleados afectados reportan niveles de ansiedad y depresión comparables a los de crisis económicas severas, lo que podría dejar secuelas duraderas incluso después de que el gobierno reabra.
