Los cargos máximos del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Marco Rubio y Pete Hegseth, comparecieron este miércoles ante ambas cámaras del Congreso para ofrecer explicaciones sobre los recientes ataques militares de EE.UU. a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Según informaron, las lanchas atacadas transportaban cocaína —y no fentanilo— y sus acciones se justifican bajo una interpretación excepcional de la autoridad militar de EE.UU. ante el narcotráfico transnacional.
“Creemos en la alta fiabilidad de nuestra información”, señaló el presidente de la Cámara, Mike Johnson, evocando que “sabemos quiénes estaban a bordo… casi hasta una persona”.
Desde principios de septiembre, EE.UU. mantiene un despliegue militar intensivo frente a las costas de Venezuela, que incluye buques de guerra, aviones de combate y tropas destinadas a ubicaciones marítimas estratégicas, con el argumento de interceptar rutas de droga.
Los ataques, presentados como parte de una campaña contra el narcotráfico, han provocado decenas de víctimas y han sido calificados por algunos analistas como ejecuciones sumarias contrarias al derecho internacional.
Rubio intenta la narrativa del «Conflicto no internacional»
Rubio y Hegseth defendieron los ataques ante los legisladores, explicando que las misiones estaban legalmente autorizadas por la administración de Donald Trump como parte de un “conflicto armado no internacional” contra organizaciones narcotraficantes designadas como terroristas.
Sin embargo, la falta de evidencia pública detallada y la naturaleza militar —en lugar de policial— de las operaciones han generado críticas de ambos partidos en el Congreso. El senador Mark Warner, demócrata miembro del comité de inteligencia, advirtió que “ataques cinéticos sin intercepción ni demostración al público de que llevan drogas y malos elementos es un error enorme que socava la confianza”.
Por su parte, el gobierno venezolano reaccionó duramente. El presidente Nicolás Maduro denunció una “guerra multiforme” impulsada por EE.UU. para apoderarse de los recursos nacionales, mientras que voceros de las Naciones Unidas han advertido que podrían tratarse de “ejecuciones sumarias”.
Entre los puntos que quedaron sin aclarar figuran: cuántos ataques exactamente se han realizado, qué grupos fueron atacados con precisión, bajo qué jurisdicción se actuó y cómo se coordinará la supervisión militar con la autoridad del Congreso. Rubios y Hegseth prometieron entregar un informe más amplio “a la brevedad” y ampliar las sesiones informativas a un mayor número de legisladores.
La comparecencia marca un momento crítico en el que la escalada de la política antinarcóticos de EE.UU. se encuentra con los límites del derecho internacional, el control del Congreso y una región en tensión creciente. Mientras el Pentágono avanza con operaciones que tradicionalmente corresponderían a la Guardia Costera, la pregunta sobre la legalidad y transparencia de estas misiones militares se sitúa en el centro del debate.
