La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, podría enfrentar a la Corte Penal Internacional por su apoyo a las ejecuciones extrajudiciales que Estados Unidos ejecuta en sus aguas territoriales, según el ex ministro de Asuntos Exteriores y para Caricom, Amery Browne.
“Quiero lanzar una advertencia clara a la primera ministra de este país. Quiero referirme a este caso, que se planteará en el futuro. Verán, a veces los jefes de Gobierno creen que pueden decir y hacer cualquier cosa para que su base de apoyo les aplauda y les aclame, y que eso no tendrá consecuencias en el futuro” afirmó Browne en conferencia de prensa.
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En su intervención, Browne establece un paralelo entre las acciones de la actual mandataria de la nación y el expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien también se plegó ante una supuesta campaña antinarcóticos y actualmente enfrenta cargos, considerado cómplice indirecto de ejecuciones extrajudiciales.
“Existen motivos razonables para creer que es responsable individualmente como coautor indirecto. Él no mató extrajudicialmente a esas personas, pero se le acusa de ser coautor indirecto del delito contra la humanidad de asesinato y se dictó una orden de detención contra él después de que dejara el cargo” afirmó Browne.
¿La Duterte del Caribe?
Kamla Persad Bissessar, actual primera ministra de Trinidad y Tobago, desde su toma de posesión, se plegó a la política estadounidense hostil contra Venezuela. Browne alude al apoyo que la mandataria ha dado a los más de 15 ataques contra embarcaciones pequeñas en aguas del Caribe, con un saldo de más de 65 asesinados.
En ninguno de los casos Estados Unidos ha provisto evidencia sobre la identidad y actividad delictiva de los asesinados. Por otra parte, incluso con estas pruebas, la ley internacional dicta el derecho al debido proceso por ende, Estados Unidos violenta esta legislación y los protocolos internacionales de detención en alta mar.
Estados Unidos sostiene estas acciones bajo el supuesto de combatir el narcotráfico en la región, aunque varias voces políticas apuntan a que persigue un cambio de régimen en Venezuela.
Luego del primer ataque contra una de estas embarcaciones, la primera ministra trinitobaguense afirmó que Estados Unidos “debía matarlos a todos violentamente.”
Otro caso pesa sobre la mandataria. Según denuncias de habitantes de Las Cuevas, dos de los asesinados el 14 de octubre en un ataque cinético estadounidense, eran pescadores trinitobaguenses: Chad Joseph y Richie Samaroo.
La mandataria y su gabinete han optado, en cada caso, por desestimar los reclamos de las familias al afirmar que no existe una declaración de pasajeros donde aparezcan los fallecidos, por lo que no se podría probar que en efecto, estaban en alta mar al momento de los hechos.
Trinidad y Tobago en Caricom
“Esta es la primera vez en nuestra historia que un primer ministro de Trinidad y Tobago ha asociado pública y orgullosamente a esta nación con violaciones de los derechos humanos internacionales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, afirmó.
Las Cuevas, a solo 11 millas de la costa Venezolana, es una villa de pescadores artesanales, por lo que no existen manifiestos de mercancías o pasajeros. Por demás, gracias a la cultura, parentesco y lazos históricos compartidos, las fronteras entre el noroeste de Venezuela y el sur de Trinidad y Tobago son fluidas.
Browne dijo que los ataques aéreos estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico provocaron duras críticas por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien advirtió que violaban el derecho internacional de los derechos humanos “y debían cesar de inmediato”.
Afirmó que el expresidente de Filipinas está acusado de crímenes contra la humanidad, asesinato y tentativa de asesinato, presuntamente cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 en el contexto de la campaña de lucha contra las drogas. Browne señaló que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI encontró motivos razonables para creer que Duterte era responsable individualmente como coautor indirecto.
“Y solo para decir que Estados Unidos no es uno de los Estados parte de la Corte Penal Internacional, pero ¿adivinen qué? Trinidad y Tobago es uno de los fundadores de la CPI” dijo el ex canciller.
