El parlamentario opositor y miembro del partido Alianza para la Unidad Nacional (APNU) Terrence Campbell, anunció una iniciativa para reformar la Ley del Fondo de Recursos Naturales (NRF), exigiendo transparencia sobre el control del ingreso petrolero de la nación.
Campbell envió una carta dirigida al secretario de la Asamblea Nacional, Sherlock Isaacs, con fecha del 3 de noviembre de 2025, en la que propone enmendar la legislación de 2021.
“La enmienda propuesta tiene por objeto derogar y sustituir el artículo 16 de la Ley del Fondo de Recursos Naturales con el fin de garantizar que los retiros del Fondo se utilicen de manera transparente, responsable y sostenible para proyectos de desarrollo y relacionados con desastres, y no para gastos recurrentes del Gobierno” se lee en la carta.
El texto, además, persigue cambios en la legislación para exigir que el importe máximo que se pueda retirar del Fondo en un ejercicio fiscal no supere el total de retiradas aprobadas por la Asamblea Nacional para ese ejercicio fiscal.
Ley de Recursos Naturales: ¿Legitimar un robo?
La Ley del Fondo de Recursos Naturales fue aprobada en 2019, bajo la administración de David Granger. El gobierno de Irfaan Ali, con el PPP/C decidió enmendarla en 2021, aludiendo a fallas y vacíos legales.
Entre las enmiendas de 2021, se sustituyó el único custodio del fondo (entendido como el ministro de Recursos Naturales) por una Junta Directiva independiente. También en el nuevo texto, se designa la creación de un Comité de Rendición de Cuentas y Supervisión Pública, también mecanismos que evitaran gastos discretos que pudieran terminar en desvíos e incrementó la transparencia en las transacciones del fondo.
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No obstante estos cambios, la ley sigue teniendo defectos a corregir, según sus detractores. Uno de ellos es que aunque la Junta Directiva se plantea como independiente y diversa, es el presidente de la nación quien en última instancia designa a sus integrantes.
Por otra parte, el Comité de Rendición de Cuentas y Supervisión Pública (PAOC) es un órgano de supervisión fundamental, sin embargo, sus miembros son nombrados por la Asamblea Nacional basándose en las recomendaciones del presidente de la Asamblea y del ministro de Finanzas, ambos altos cargos del partido gobernante.
Esto crea el riesgo de que el Comité pueda estar dominado por miembros de la sociedad civil alineados con el Gobierno, lo que debilita su capacidad para llevar a cabo un escrutinio verdaderamente independiente.
La propuesta de enmienda establece que los ingresos del Fondo se utilizarán únicamente para financiar: (a) proyectos de infraestructura y desarrollo del Gobierno, incluida cualquier iniciativa destinada a lograr una economía verde inclusiva; y (b) proyectos esenciales que estén directamente relacionados con la mitigación de los efectos de un desastre natural de gran magnitud.
“El Ministro presentará un informe anual a la Asamblea Nacional en el que se describirá la fase de ejecución de todos los proyectos financiados por el Fondo” propone la carta.
Gobierno de Guyana: robarle a Venezuela al amparo legal
La Ley del Fondo de Recursos Naturales de 2019 fue redactada bajo el mismo contexto del Acuerdo de Reparto de la Producción de 2016.
En 2015, ExxonMobil descubrió 11,7 billones de barriles de petróleo en el Bloque Stabroek, en aguas por delimitar de la Guayana Esequiba, región bajo controversia por parte de Venezuela.
La Guayana Esequiba fue expoliada a Venezuela mediante el Laudo Arbitral de París en 1899. En 1966, la controversia fue reconocida mediante el Acuerdo de Ginebra, en el que se establecían las bases para la solución pacífica de las diferencias.
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Esta relación fue respetuosa, en torno a la controversia, hasta la llegada de Exxon y el descubrimiento de las reservas. La ilegalidad de sus acciones y el reclamo de Venezuela, derivaron en leyes expeditas y defectuosas que intentaron matizar de oficialidad un acto de franco robo a Venezuela.
Esta condición no solo afecta a Venezuela en tanto legitima el expolio de sus recursos naturales por delimitar, sino al pueblo de Guyana, dado el manejo poco transparente de este recurso.
El Acuerdo de Reparto de la Producción, por ejemplo, establece que Guyana recibe solo 2% de las ganancias de las regalías y el 12,5% de las ganancias totales, mientras ExxonMobil y sus socios usan el 75% para supuestamente cubrir gastos de la producción, sumado al 10,5% en ganancias.
El artículo 15 de este acuerdo, por demás, define que ExxonMobil no paga impuestos al gobierno de Guyana por sus actividades, mientras el gobierno emite un recibo con el que ExxonMobil justifica no tributar impuesto a Estados Unidos, una condición cuestionada por senadores demócratas del país norteño. La Ley del Fondo de Recursos Naturales, adolece del mismo mal.
El artículo 16.2 de la Ley del NRF establece que “todas las retiradas del Fondo se depositarán en el Fondo Consolidado y se utilizarán únicamente para financiar: a) las prioridades nacionales de desarrollo, incluida cualquier iniciativa destinada a lograr una economía verde inclusiva, y b) proyectos esenciales que estén directamente relacionados con la mitigación de los efectos de una catástrofe natural grave”.
Una de sus faltas más señaladas es que define que los ingresos procedentes del petróleo se transfieren al fondo consolidado y se mezclan con otras fuentes de ingresos, lo que dificulta el control sobre estas partidas.
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Hasta el momento, el Gobierno no ha destacado ninguna prioridad nacional de desarrollo ni ningún proyecto esencial financiado con esta fuente de ingresos.
Las principales prioridades de desarrollo y los proyectos esenciales, como carreteras, hospitales y el nuevo puente sobre el río Demerara, se financian mediante acuerdos de préstamo. El Gobierno también había solicitado un préstamo para apoyar el proyecto de Gas a Energía.
Campbell había iniciado un procedimiento judicial a principios de este año para impugnar la transparencia y la rendición de cuentas de las retiradas del NRF. Fue nombrado miembro del Comité de Inversiones el 8 de julio de 2024 y demostró, mediante registros oficiales del Gobierno, que estas retiradas se están utilizando para financiar las operaciones habituales del Gobierno.
En 2019 Guyana tenía una deuda de 1800 millones de dólares. Seis años después, esa cifra se disparó a más de 7700 millones de dólares, lo que supone una explosión de cuatro veces el endeudamiento bajo la actual administración.
A finales de 2024, la deuda de Guyana ascendía a 6000 millones de dólares, pero se añadieron otros 1700 millones para financiar el presupuesto de 2025, según reveló el vicepresidente Bharrat Jagdeo.
