En una votación celebrada el pasado lunes 10 de noviembre, en la Knéset o Parlamento israelí, se aprobó un proyecto de ley que impondría la pena de muerte a militantes palestinos supuestamente involucrados en el asesinato de ciudadanos israelíes.
Con 39 votos a favor y 16 en contra, de un total de 120 legisladores, fue aprobado en primera lectura, aunque para convertirse en ley necesita dos lecturas adicionales. Organismos de derechos humanos ya se apresuran a condenarlas por considerarla una violación no solo del derecho internacional si no de los convenios a favor de la abolición de esta práctica.
Igualmente, algunos legisladores creen que esto evitaría futuros acuerdos de liberación de prisioneros.
Esta medida es impulsada por el polémico ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir y aprobada por el Comité de Seguridad Nacional antes de pasar al pleno. Ben-Gvir es el líder ultranacionalista del partido de extrema derecha Poder Judío u Otsmá Yehudit, notorio por sus afirmaciones a favor del genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Durante la sesión parlamentaria, Ben Gvir protagonizó una polémica escena: repartió “baklava” —un dulce típico de Medio Oriente— entre los presentes en señal de celebración tras la votación. Según informó The Times of Israel, los dulces fueron confiscados poco después. El gesto fue interpretado como una provocación, ya que en Israel el reparto de baklava suele asociarse con celebraciones palestinas tras ataques contra israelíes.
“La ley de pena de muerte no solo es un paso moral y justo, sino también fundamental para la seguridad del Estado”, afirmó Ben Gvir, defendiendo la medida como una herramienta disuasoria ante futuros ataques.
La iniciativa también rebaja el umbral en tribunales militares de Cisjordania (permitiendo dictar pena capital por mayoría de jueces y sin posibilidad de conmutación por el mando militar), lo que en la práctica la enfocaría sobre todo en acusados palestinos.
En una declaración, el comité de seguridad explicó el objetivo de la ley: “Su propósito es cortar el terrorismo de raíz y crear un fuerte efecto disuasorio».
«Se propone que un terrorista condenado por asesinato motivado por racismo u odio hacia el público, y bajo circunstancias en las que el acto haya sido cometido con la intención de dañar al Estado de Israel (…) sea condenado obligatoriamente a la pena de muerte», detalló.
Amnistía Internacional: «Es una negación irreversible del derecho a la vida«
Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, aseveró con respecto a la propuesta de ley que “Los miembros de la Knéset deberían estar trabajando para abolir la pena de muerte, no para ampliar su aplicación».
«La pena de muerte constituye la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una negación irreversible del derecho a la vida. No debería imponerse en ninguna circunstancia, y menos aún emplearse como arma y como herramienta manifiestamente discriminatoria de homicidio, dominación y opresión autorizados por el Estado», continuó.
De acuerdo al organismo, su imposición obligatoria y su aplicación retroactiva violarían las prohibiciones claras establecidas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de este castigo.
AI resaltó que esta medida es producto de la actual impunidad del sistema de apartheid de Israel y de genocidio en Gaza. Igualmente, aprovechó de reiterar su denuncia contra los ataques de colonos respaldados por la entidad sionista en la Cisjordania ocupada.
«Resulta preocupante que la legislación autorice a los tribunales militares a dictar condenas a muerte contra civiles —cuya pena no puede ser conmutada—, especialmente dado el carácter injusto de los juicios celebrados ante esos tribunales, que tienen un índice de sentencias condenatorias de más del 99% contra las personas palestinas acusadas.
Erika Guevara Rosas | Amnistía Internaciona
El movimiento de resistencia, Hamás, calificó la propuesta como una ley que “encarna el rostro fascista y criminal de la ocupación sionista y constituye una violación flagrante del derecho internacional”, por su parte, el ministerio de Asuntos Exteriores palestino la describió como una “nueva forma de extremismo y criminalidad israelí contra el pueblo palestino”.
En 2018, el Parlamento dio aprobación preliminar a un proyecto para facilitar la imposición de la pena capital a condenados por asesinatos clasificados como “terrorismo”, aunque la iniciativa no prosperó entonces.
Aunque la pena de muerte está contemplada en la legislación israelí, solo se ha aplicado una vez en la historia moderna del país, en 1962, contra Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto. En la práctica, la norma solo puede imponerse en casos de alta traición o bajo la ley marcial militar.
