Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) y la organización salvadoreña Cristosal acusa al Gobierno de Estados Unidos de haber sido “cómplice de desapariciones forzadas y torturas” al deportar a 252 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una de las cárceles más severas del mundo.
El documento, publicado este miércoles, sostiene que las autoridades estadounidenses violaron el principio de no devolución al enviar a los migrantes a un país donde era “fácilmente previsible” que serían sometidos a torturas, abusos sexuales y condiciones carcelarias inhumanas.
“Las autoridades estadounidenses negaron repetidamente a los familiares de las personas enviadas al Cecot información sobre su paradero, lo que convierte al Gobierno de EE.UU. en cómplice de sus desapariciones forzadas”, señala el informe.
Las conclusiones se basan en entrevistas telefónicas con 40 venezolanos detenidos en el Cecot hasta julio de 2025, además de testimonios de 150 familiares, amigos y abogados, y la revisión de fotografías, documentos judiciales y evaluaciones forenses internacionales.
Según HRW y Cristosal, la mayoría de los deportados no tenía antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales, a diferencia de la versión sostenida por la Administración Trump, que justificó las deportaciones argumentando que se trataba de “terroristas” y miembros del desmantelado grupo Tren de Aragua.
Torturas, abusos y condiciones inhumanas
El informe describe un panorama de violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro del Cecot. Los detenidos denunciaron golpizas diarias, confinamiento prolongado, mala alimentación, negación de atención médica y falta de higiene, lo que viola las “Reglas Mandela” de la ONU sobre el trato a los reclusos.
“Los detenidos fueron sometidos a golpizas constantes y otras formas de maltrato, incluidos algunos casos de violencia sexual”, señala el texto.
Exreclusos relataron a HRW que las agresiones eran ejecutadas por policías antimotines en los pasillos y en una celda de aislamiento llamada “La Isla”, donde eran castigados por infracciones mínimas, como hablar en voz alta o solicitar atención médica.
Las palizas se intensificaron, según los testimonios, tras la visita al penal de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, así como después de inspecciones del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Tres exdetenidos declararon haber sido víctimas de abuso sexual por parte de los custodios, y otros afirmaron sufrir secuelas físicas y psicológicas.
Llamado internacional de HRW
HRW y Cristosal pidieron al Gobierno estadounidense que suspenda de inmediato todas las deportaciones de migrantes hacia El Salvador, y exhortaron a los organismos internacionales de derechos humanos a “intensificar el escrutinio público” sobre Washington y San Salvador.
El informe concluye que los abusos “no fueron incidentes aislados”, sino una “práctica sistemática diseñada para someter, humillar y disciplinar” a los detenidos, en un contexto de impunidad y respaldo institucional.
Ni la Casa Blanca ni el Gobierno salvadoreño se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones.
