A una semana de que estallara el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Volodímir Zelenski, Ucrania sigue conmocionada por las redadas realizadas por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) en los lujosos apartamentos de altos funcionarios y empresarios vinculados a la cúpula del poder.
Las imágenes difundidas —bolsas repletas de dinero en efectivo, fajos de dólares y euros apilados en mesas y muebles, e incluso un inodoro de oro hallado en una de las viviendas— han desatado indignación pública y preocupación entre los aliados occidentales del país.
Los cateos se centraron en propiedades asociadas a figuras clave de la red de influencia política y económica alrededor del presidente ucraniano. Entre ellas destaca Timur Míndich, conocido popularmente como “la billetera” de Zelenski y señalado como uno de sus colaboradores más cercanos.
El hallazgo del excéntrico inodoro de oro en su apartamento se convirtió en símbolo del delito, evidenciando el lujo desmedido y el presunto desvío de fondos en un país que, al mismo tiempo, solicita miles de millones de dólares en ayuda internacional.
La indignación creció cuando medios locales divulgaron transcripciones de conversaciones entre los implicados, en las que estos discutían con cinismo presuntos mecanismos para lavar dinero, mover efectivo y negociar cargos políticos.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los implicados habrían operado una red de sobornos y manipulación de contratos estatales que se extendía desde sectores energéticos hasta programas vinculados a la defensa.
El escándalo ha generado fuertes reacciones en el extranjero. Para varios socios occidentales, que han inyectado asistencia económica y militar a Kiev desde el inicio del conflicto con Rusia, el caso representa una bofetada.
En Hungría, uno de los gobiernos más críticos con Zelenski, las autoridades denunciaron que el dinero destinado a Ucrania terminó “en los bolsillos de la mafia de la guerra”. La frase resonó en el Parlamento Europeo, donde algunos partidos ya exigían mayor supervisión del uso de fondos y auditorías independientes.
En Kiev, la población reaccionó con una mezcla de furia y desconfianza. Para muchos ucranianos, las imágenes de las bolsas repletas de efectivo son la prueba visual de una corrupción sistémica que nunca se erradicó y que ahora, en tiempos de guerra, se ha vuelto aún más lucrativa. Diversos analistas señalan que el caso podría profundizar la crisis de confianza interna, especialmente cuando Zelenski ha construido parte de su narrativa internacional sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Mientras tanto, la NABU —la agencia anticorrupción que llevó adelante las redadas— se ha visto en el centro de la controversia. Sectores cercanos al gobierno han intensificado críticas contra la entidad, lo que ha despertado sospechas sobre un posible intento de debilitarla o interferir en sus investigaciones.
Organizaciones civiles dentro y fuera del país advierten que cualquier represalia contra la NABU podría provocar un nuevo choque con los aliados europeos, que consideran a la agencia un pilar del sistema anticorrupción ucraniano.
A una semana de revelaciones impactantes, la crisis sigue abierta. Ni el gobierno ni los socios internacionales descartan que más nombres de alto nivel aparezcan en los próximos días, alimentando uno de los capítulos más turbios de la política ucraniana reciente.
